Derivar la responsabilidad a todos los concejales que voten a favor del cierre cautelar del polémico crematorio ubicado en Sant Joan. Esta es la amenaza que ha lanzado el grupo ASV, empresa propietaria del horno, en el escrito de alegaciones que presentó, el pasado miércoles 10 de diciembre, ante el Ayuntamiento, con el objetivo de frenar la suspensión temporal de la actividad anunciada por el equipo de gobierno hace alrededor de dos semanas.
Como se recordará, el Consistoio ya ha iniciado los trámites para paralizar, de forma cautelar, las cremaciones, tal y como publicó este diario. La recepción de un nuevo estudio, elaborado por la conselleria de Sanidad, sobre el impacto de los gases emitidos durante las incineraciones en la salud de los vecinos del entorno, en el cual se pide al grupo ASV aplicar medidas correctoras durante la actividad, llevó al equipo de gobierno a dar un paso al frente y tomar la decisión de clausurar la instalación, de manera temporal, y asegurar que no se volverá a abrir hasta que «no haya un nuevo informe favorable». La acción cautelar todavía no se ha ejecutado pues, tras el anunció del equipo de gobierno, el grupo ASV presentó un documento de cinco páginas, al que tuvo acceso ayer este diario, en el que exponen sus alegaciones ante la decisión.
En el escrito de defensa presentado por la mercantil ASV se acusa al equipo de gobierno de anunciar la medida con fines electorales. «Somos conscientes del interés de Alcaldía en conseguir el cierre de la actividad, consta su compromiso expresado en acta notarial para impedir el establecimiento si ganara las elecciones», se expone en el documento, en referencia al compromiso firmado ante notario por el actual primer edil de Sant Joan, Manuel Aracil, de paralizar la implantación del horno, dos meses antes de los pasados comicios municipales. «La decisión es política, no jurídica», lanza el grupo ASV.
La implementación de parte de las medidas que Sanidad recomienda para mejorar la actividad es una de las justificaciones que, por otra parte, indica el crematorio en el escrito para impedir el cierre cautelar. «Muchas de las medidas contenidas en el informe ya se encontraban ejecutadas», se expone, a la vez que se señala que «el resto de propuestas se encuentran en vía de realización».
Por todo ello, el crematorio amenaza con acudir a los tribunales en caso de que se lleve a cabo la medida cautelar y, además, advierte de que si se dictaminara una sanción económica en concepto de indemnización pedirán al juez que sean los concejales que voten a favor de la acción cautelar los que asuman el coste. «Bueno será que cualquier nueva responsabilidad patrimonial, si la hubiere, sea asumida por los ediles que la votan y la provocan y no por todos los ciudadanos de Sant Joan, que ninguna culpa tienen de ello; así lo solicitará la mercantil ante los órganos judicales», se especifica en el escrito.
Respuesta municipal
Con todo, el portavoz del PP, Santiago Román, mantuvo que la decisión de paralizar el crematorio de forma cautelar sigue en marcha y que en un plazo de dos semanas se convocará un pleno para aprobar la medida en el máximo órgano local. «El secretario y los servicios jurídicos están trabajando en los documentos que irán a pleno», aseguró Román.
Además, el también edil criticó que, en el escrito de alegaciones, «lejos de demostrar las medidas correctoras tomadas, se limitan a decir que ya lo han hecho y a amenazar al Ayuntamiento». «Los argumentos son absurdos e infundados», zanjó.
