Hace un año y medio, el presidente de la Universidad Católica de San Antonio (UCAM), José Luis Mendoza, colocó la primera piedra del que sería el nuevo campus religioso de Sant Joan. Sin embargo, a día de hoy, todavía no ha llegado el centro educativo al municipio, ni siquiera han comenzado las obras para su implantación. Nada nuevo bajo el sol, excepto el abandono del proyecto por parte del alcalde Manuel Aracil. Ahora será la administración autonómica la que despache con la UCAM y la que reciba los 4,5 millones en los que está valorada la operación. Lejos quedan los días en los que Aracil proclamaba que los institutos del municipio serían reformados con el dinero del campus católico. Con todo, la intención de Mendoza sigue siendo llegar a Sant Joan, aunque a través del Consell.
Aracil anunció hace una semana que anulará el acuerdo de compra-venta que firmó con el Consell para adquirir un inmueble, con el fin de implantar la UCAM, para que sean ustedes los que, directamente, cierren la operación con la administración autonómica.
Sí, eso ya está resuelto. El tema se cerrará en unos días. La conselleria ha decidido hacer directamente la operación con la Fundación Universitaria San Antonio. Y hemos aceptado su propuesta.
La consellería de Educación no ha confirmado los cambios anunciados por Aracil. ¿Está usted en negociaciones con el área autonómico?
Sí, lo llevamos todo con este departamento.
¿Pagarán cuatro millones y medio por la adquisición de la residencia Tiempo Libre? ¿O la compra incluye otros terrenos?
Sí, sólo por el inmueble. Son 13.000 metros cuadrados y, además, tendremos el uso de las instalaciones deportivas. Arrancaremos las obras donde pusimos la primera piedra.
¿Para cuándo está previsto que se inicien las obras?
En el momento que se firme el documento de la compra con la conselleria de Educación y el Ayuntamiento nos autorice. Tiene que ser una cosa rápida. En los próximos días se agilizará todo el proceso. Si todo va bien el próximo curso arrancaremos las clases. Las cosas suceden cuando Dios las permite. Todo tiene su tiempo y su momento. No ha sido fácil, hemos recibido muchas presiones en contra, el rechazo de otras universidades, pero creo que la competencia es sanísima y ayuda a mejorar la calidad de enseñanza e investigación.
Pero el principal problema ha sido la falta de una Ley de Reconocimiento, que debe tramitarse el Consell en las Cortes. Por ello, se van a instalar como un centro adscrito al de Murcia no como un ente propio...
El problema fue que no podíamos instalarnos con el nombre de Universidad Católica de Alicante (UCA), que tenemos autorizado, porque lo ha registrado la Universidad de Alicante (UA) como suyo. La UA nos ha usurpado el nombre para que no podamos usarlo. Por ello llegaremos como centro adscrito. No hemos entendido la maniobra de la UA. Es muy bueno que se cree un campus de esta características, ya que no hay otro en la zona. No existe una universidad católica en Alicante, aunque la UA se haya registrado con ese nombre. Es esperpéntico ver como se procede de ese modo.
Pero en la provincia se imparte educación universitaria privada y religiosa a través del CEU Cardenal Herrera...
Sí, en Elche. Pero eso no es Sant Joan ni Alicante. Que yo sepa de Alicante allí no va prácticamente casi nadie. Además, nuestra oferta incluye materias de teología. Se imparten unas asignaturas, de manera obligatoria, en todas las titulaciones, como la Teología, la Ética y la Bioética, las Humanidades o la doctrina social de la Iglesia. Por tanto, ofrecemos una formación diferente. Hacemos una labor evangelizadora importante, donde se anuncie el amor de dios con fuerza y sin complejos. Hay un sector de la sociedad importante que quieren ofrecer este tipo de educación a sus hijos y tienen derecho a recibir esa formación porque estamos en una sociedad democrática.
Buena parte de la ciudadanía ha criticado el proyecto...
Cada uno tiene derecho a criticar lo que quiera y nosotros también tenemos derecho a implantar una universidad católica y luego Dios dirá. Vivimos en un país donde a veces se genera una política innecesaria y nosotros lo que queremos es que nos dejen trabajar. La competencia es sana, buena y necesaria. Además, aquí no obligamos a nadie a que venga, porque el que viene paga.
