«Vamos a tener que cerrar. Nos exigen hacer frente a unos pagos que se escapan de nuestras obligaciones como arrendatarios. Incluso han llegado a embargar mis cuentas». Este es el desesperado testimonio de Teresa Mairena, la gerente de una de las actividades que, en estos momentos, se promociona en el Club de Campo, así como del bar emplazado en el complejo deportivo de Mutxamel. En idéntica situación se encuentra el responsable del gimnasio ubicado en las instalaciones, Carlos Espinosa, después de que Suma, el organismo tributario de la Diputación Provincial, iniciara, el pasado 11 de septiembre, un proceso de derivación de la deuda por «responsabilidad solidaria», tal y como se especifica en una carta remitida a estos, a la que ha tenido acceso este diario.
El impago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), las tasas por la recogida de la basura, así como otros tributos de carácter local ha ido elevando, durante años, la deuda que en la actualidad pesa sobre la Asociación Club de Campo. «Supera los 100.000 euros», calculó el alcalde de Mutxamel, Sebastián Cañadas, quien defendió la actuación del organismo recaudador dependiente de la Diputación. «Si se debe dinero hay que pagarlo. Suma está haciendo todo lo posible para cobrar todo lo que se debe, dentro de la legalidad», remarcó el primer edil a la vez que puso de manifiesto su incapacidad para detener la orden de Suma que es el «ente gestor del cobro». «Tenemos delegados los pagos al organismo tributario de la Diputación. Yo no puedo hacer nada. Se haría lo mismo con cualquier otro ciudadano», zanjó.
Plan de pago
La única salida que los actuales arrendatarios del Club de Campo han encontrado ha sido presentar un plan de pago ante Suma para abonar «poco a poco» los impagos que acumula la asociación. «Sólo queremos acabar con la deuda para seguir trabajando como sea. Hemos hecho una inversión para poner en marcha nuestros negocios que va a caer en saco roto», lamentó el responsable del gimnasio.
Sin embargo, el aplazamiento de pagos requiere una serie de garantías. «Nos piden que avalemos con nuestro patrimonio personal y no podemos hacerlo», explicó la gerente del bar y las pistas de pádel. Teresa, incluso llegó a acudir al despacho de Cañadas, hace un par de semanas, para solicitarle ayuda y lograr, así, mantener vivos los servicios que se ofertan en la zona verde de Mutxamel.
«Hay que tener en cuenta que ofertamos actividades a muchas personas del municipio y, además, alrededor de 30 familias mutxameleras viven de su trabajo en estas instalaciones», explicaron los gerentes de los negocios ubicados en el Club. Asimismo, lamentaron el daño que causaría el cierre de sus negocios a la población pero «nos están abocando a ello con todas las actuaciones realizadas», consideró Carlos Espinosa.
Por su parte, el primer edil mutxamelero consideró normal la actuación de Suma. «Deben mucho dinero. Es normal que pidan garantías. Si la deuda pesara sobre otro ciudadano se actuaría igual», recalcó. Desde Suma, se limitaron a recordar que su labor se realiza en beneficio del Ayuntamiento y los ciudadanos. «Si no están de acuerdo que acudan a la vía judicial», concluyeron desde el ente.
