La jueza que investiga la actividad del polémico crematorio ubicado en Sant Joan d'Alacant ha decidido admitir la personación de los vecinos afectados por la actividad del horno como acusación particular en esta causa. Así lo comunicó la magistrada en una providencia emitida el pasado 6 de noviembre, a la que ha tenido acceso este diario.
Hay que recordar que, el juzgado de Instrucción número 4 de Alicante investiga la actividad del horno después de que, hace unos meses, la Plataforma Anticrematorio y por la Dignidad de Sant Joan denunciara, ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, al crematorio por incumplir la autorización de emisiones a la atmósfera, incluida en la licencia de actividad, que la Conselleria de Medio Ambiente concedió al grupo ASV, empresa propietaria del horno, tal y como ya publicó este diario.
En concreto, los vecinos denunciaron al crematorio al apuntar la existencia de «datos que prueban que el horno emite contaminantes a niveles superiores a los dispuestos en su licencia de emisiones a la atmósfera», según explicaron en el documento presentado ante el Seprona y que desencadenó la apertura de la investigación.
La denuncia del colectivo hacía referencia a las pruebas efectuadas, el pasado mes de febrero, por la empresa SGS Tecnos, catalogada como Entidad Colaborada en Materia de Calidad Ambiental (ECMCA), a instancias del Ayuntamiento.
La evaluación detectó que los niveles de partículas y cloruros superaban los límites permitidos en la licencia de actividad.
Partes afectadas
Desde la Plataforma Anticrematorio justificaron su decisión de acudir a los tribunales ante el «sentimiento de indefensión y de indignación» al no tener «ningún mecanismo de control de la actividad». «Queremos que se investigue si las administraciones han utilizado todos los medios legales a su alcance para preservar nuestra salud», esgrimieron los vecinos expuestos a las sustancias emitidas por el horno.
Por otro lado, desde el grupo ASV, propietaria de las instalaciones, consideraron que los vecinos están abriendo un «nuevo frente» sobre algo que ya «está zanjado». «Ya se han tomado medidas correctoras para evitar que los gases emitidos por el horno vuelvan a superar lo permitido en la licencia», recalcó el director de comunicación de la empresa, Víctor Humanes. No hay que olvidar que otra empresa, también catalogada como ECMCA, efectúo unas mediciones posteriores a las de febrero, a instancias del grupo ASV, en las cuales los parámetros sí se ajustaban a lo permitido en la autorización.
Fase inicial
De momento, la jueza tan solo ha incoado las diligencias previas al proceso judicial. «Se tiene por personado y parte a la Plataforma contra el Crematorio y por la Dignidad de Sant Joan como acusación particular», expone la magistrada en el documento. Un paso que forma parte de la fase inicial de la investigación y que, por tanto, no significa la apertura del procedimiento abreviado. Así, la causa todavía podría ser archivada si lo determina la jueza tras conocer los resultados de las diligencias que se están realizando.
