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Una juez desestima sancionar al vertedero pese a los estudios sobre sus emisiones

El fallo dice que la Conselleria y FCC obraron de forma correcta hasta 2012, ya que frente a la denuncia vecinal aportaron informes que negaban irregularidades

Una juez desestima sancionar al vertedero pese a los estudios sobre sus emisiones

Extraño primer palo judicial para los vecinos de la planta de basuras de El Campello. Una juez de Valencia ha desestimado la denuncia de la Asociación de Afectados por el Vertedero de Les Canyades que exigía sanciones para el complejo, concluyendo que la actuación de la Conselleria de Medio Ambiente y de la empresa FCC, explotadora de las instalaciones, ha sido correcta y no había irregularidades hasta 2012... pese a que actualmente se está revisando la Autorización Ambiental Integrada (AAI) tras constatar un estudio encargado por la Generalitat graves molestias por encima de lo permitido. Un informe que por otra parte viene a desacreditar los realizados anteriormente.

El fallo señala que frente a los informes encargados por los vecinos, partes de la Policía Local y estudio de la Universidad Miguel Hernández (UMH) que alertan de la alta toxicidad de las emisiones del vertedero y las graves molestias que genera, existen otros a instancias de la Conselleria que los rebaten, pero especifica que sus pesquisas alcanzan sólo hasta octubre de 2012, hasta el acto administrativo que los vecinos denunciaron en los tribunales -inadmisión de un recurso que exigía sanciones por las emisiones-. De esta forma obvia en su resolución que actualmente la Conselleria se ha visto obligada a iniciar una revisión de la AAI y a adoptar medidas, tras constatar un estudio de la Universitat Politècnica de Valencia (UPV) a instancias de la Generalitat la existencia de graves molestias por encima de lo permitido. Fuentes de los afectados señalaron que la juez rechazó su petición de incluir el citado estudio de la UPV, hecho público este verano, al ser posterior al acto impugnado por lo vecinos, a pesar de la relevancia del mismo.

Ante esta decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 7 de Valencia, fechada el pasado 31 de octubre, desde la Asociación de Afectados por el Vertedero mostraron ayer su incredulidad por esta sentencia, que «ignora que el estudio de la UPV ha desacreditado los anteriores elaborados para los organismos oficiales, y viene a refrendar los aportados» por este colectivo. Fuentes de la asociación señalaron que «queremos denunciar el malestar por este resultado desfavorable. En una reunión extraordinaria celebrada el pasado miércoles acordamos emprender un nuevo proceso por la vía penal, ante la indefensión de este colectivo que lleva más de cinco años defendiendo sus derechos a respirar un aire limpio por parte de las instituciones, comunitarias y locales, que no atienden a las conclusiones de los tres informes aportados, la empresa Socioenginyeria -encargado por los vecinos-, UMH -encargado por el Ayuntamiento-y el último de la UPV -a instancias de Conselleria-.

Con la apertura de la vía penal buscan «garantizar los derechos que desde las administraciones, especialmente la local por el equipo de gobierno de El Campello, omiten su obligación de garantizar la salud de sus ciudadanos y que los tres informes mencionados así denuncian, especialmente los dos primeros que certifican la existencias de elementos tóxicos en el ambiente muy perjudiciales para la salud».

Alta toxicidad

Los vecinos presentaron hace dos años un contencioso contra la inadmisión por parte de la Conselleria de Medio Ambiente de su recurso el 5 de octubre de 2012, en el que exigían que se abriera expediente sancionador al vertedero tras aportar en julio de 2012 el estudio de Socioenginyeria, que alerta de altas emisiones tóxicas desde el vertedero que pueden ser peligrosas para la salud. Tres meses después de presentar ese informe y ante la inacción de la Generalitat, presentaron el recurso, y tras su inadmisión lo llevaron a los juzgados. El fallo únicamente da la razón a los vecinos en que en lugar de ser inadmitido su recurso sin especificar por qué, la Conselleria tendría que haberlo desestimado, ya que se había llevado a cabo una serie de comprobaciones que concluía que el vertedero funcionaba correctamente.

A pesar de ello, la sentencia no entra en el fondo del asunto, los malos olores, su origen y toxicidad, sino que se limita a corroborar que la administración autonómica y la empresa realizaron verificaciones y mejoras para evitar molestias, aunque es evidente que no han tenido éxito.

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