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San Vicente deja de pagar las facturas por el vertido de basuras a Piedra Negra

El Ayuntamiento rechaza la subida unilateral del canon del vertido, que todavía debe decidir el Consorcio del Plan Zonal

San Vicente deja de pagar las facturas por el vertido de basuras a Piedra Negra

El Ayuntamiento de San Vicente ha dejado de pagar a Reciclados y Compostaje Piedra Negra S. A. por el vertido de sus basuras a la planta de Xixona. El motivo ha sido el encarecimiento en un 7% del canon, decidido de forma unilateral por la empresa que gestiona el vertedero y sin contar con el Consorcio de Gestión de Residuos, en el que están integrados la Diputación Provincial y los ayuntamientos.

Antes del verano la mercantil comunicó al concejal de Infraestructuras, Servicios y Mantenimiento, Rafael Lillo, un incremento en el coste del vertido, pasando de los 44,14 euros por tonelada que se venían abonando hasta entonces a 47,19. Primero el Ayuntamiento de San Vicente y, posteriormente, otros de la comarca anunciaron que se iban a devolver las facturas a la empresa.

Lo que se hizo a partir de entonces fue seguir pagando a Piedra Negra, pero sin aplicar la subida. Esto se pudo hacer debido a que la empresa remitía las facturas desglosadas, con el precio anterior y el incremento. Sin embargo, según explicaron ayer fuentes de la citada concejalía, posteriormente la empresa ha estado enviando las facturas sin detallar esos conceptos, de modo que desde el verano se devuelven íntegras.

La relación económica con la planta de basuras se abordará en el pleno del Ayuntamiento de mañana. El portavoz socialista, Rufino Selva, planteó la semana pasada unas preguntas para que el equipo de gobierno explique «qué actuaciones han tomado como miembros del Consorcio para exigir la regulación de esta subida en los términos legales que correspondan».

Asimismo, quieren que se informe sobre «el montante total de la suma de facturas devueltas e impagadas» y si se ha habilitado una partida para afrontar «el gasto o reconocimiento de estas obligaciones de pago» cuando haya que hacerles frente.

Desde el equipo de gobierno recuerdan que el actual presupuesto incluye una partida para pagar a la planta. No obstante, señalan que si se excede el ejercicio presupuestario sin un acuerdo, «se creará una provisión de fondos para poder atender el pago de esas obligaciones cuando se aclare el tema».

A este respecto, señalan que «el Ayuntamiento ha solicitado al Consorcio por escrito que se reúna y estudie el asunto».

En un decreto de Alcaldía del pasado mes de agosto, se «reitera la solicitud al Consorcio de una aclaración/información sobre el canon a pagar a la empresa tal y como hizo este Ayuntamiento en fechas anteriores (se adjunta copia de escrito fechado el 5 de julio de 2012) y del que hasta la fecha no se ha recibido contestación alguna». Asimismo, San Vicente pregunta «sobre la posibilidad, que estimamos más correcta, de ingreso del canon al Consorcio para que sea éste el que lo pague, en su caso, al titular de la planta».

En el mismo documento se indica que, mientras el Consistorio no se pronuncie, y teniendo en cuenta que la mayoría del capital de Piedra Negra es público, este ayuntamiento «seguirá transportando y vertiendo sus residuos a la misma, pero sin admitir revisión alguna del canon que se le abona que no sea debidamente comunicada y autorizada por el Consorcio o, en su caso, por la Conselleria conforme a la legislación vigente».

«Sin contrato»

Sobre la cuestión de la propiedad de la planta, la portavoz de EU, Mariló Jordá, recordó ayer que el 51% pertenece a la empresa pública Vaersa pero el otro 49% corresponde a la concesionaria del servicio de limpieza en San Vicente, Cespa. La concejala indicó que, según el informe de la interventora relativo a las facturas menores abonados en 2013, «el Ayuntamiento pagó a Piedra Negra 1.013.328 euros sin que exista un contrato entre la empresa y el Consorcio».

La edil exigió ayer a Luisa Pastor que «como presidenta del Plan Zonal haga sus deberes y apruebe el nuevo proyecto de gestión de residuos». Jordá denunció también la tardanza en adjudicar el contrato para la prestación del servicio de tratamientos de residuos y lo atribuyó a que «ya no se pueden enterrar más basuras y, en lugar de cumplir con su cometido para reciclarlas, el Consorcio quiere instalar un crematorio que supondrá una agresión ambiental para la comarca.

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