Por segundo año consecutivo, el informe de la interventora del Ayuntamiento de San Vicente ha puesto de manifiesto el elevado número de contratos que desde esta Administración se están realizan de forma directa, sin convocar concurso públicode forma directa. En 2013 las operaciones firmadas con una misma empresa como contratos menores y que superaban los 19.800 euros ascendieron a 3.114.686 euros. No obstante, en este conjunto se incluyen facturas que se abonan a los grandes suministradores, como las eléctricas y también el millón de euros que se abonó a la planta de tratamiento de basuras de Piedra Negra.
Quedan, no obstante, gastos por más de 337.593 euros en contratos con una decena de firmas que la interventora recomienda sacar a concurso como contratos mayores por exceder «la cuantía y duración del contrato menor».
El análisis de la funcionaria ha incluido los gastos tramitados como menores y que figuran todos los meses con «facturas por importes y/o prestaciones similares que en ejercicios anteriores también aparecen, lo que lleva a concluir que en estos gastos el plazo del contrato excede de un año».
El informe señala una serie de gastos «en los que se ha excedido el importe y la duración establecidos por la normativa contractual para ser tratados como contratos menores». En concreto, cita a Solred, con 67.557 euros; Multiservicio Raspeig con 63.400 euros; y Electricidad Beviá, con 36.312. Otros son: Repsol, 36.190; Telefonía SAU, 25.590; Sociedad Estatal de Correos, 22.872; Gas Natural Servicios, 22.437; y Cableeuropa, 20.678.
Del primero de los citados explica que este proveedor suministra «material eléctrico y reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones, tanto en colegios como en edificios oficiales».
Otro caso es Costa Comunicaciones y Servicios, con una factura de 20.895 euros en la que «se ha excedido el límite de duración para ser tramitado como contrato menor». Además, figuran otros 21.657 euros con Azulejos y Materiales de Construcción en el que se ha superado el importe establecido.
En sus recomendaciones, la interventora pide al Ayuntamiento que se tenga en cuenta la limitación en el precio del contrato, es decir, que los contratos con proveedores por más de 19.800 euros deben sacarse a concurso. No obstante, también recuerda la limitación temporal de un año y que «los contratos menores no pueden prorrogarse ni ser objeto de revisión de precios».
Por todo ello, aconseja contratar mediante concurso todos los gastos citados «siempre y cuando se considere necesario continuar en un futuro incurriendo en dichos gastos».
«Favorecer la diversidad»
El portavoz municipal del PSOE, Rufino Selva, ha valorado este informe pidiendo al equipo de gobierno municipal, del PP, que «recoja las recomendaciones de la interventora municipal y proceda a convertir en pagos mayores todos estos pagos fraccionados en servicios y suministros». El objetivo de ello es que se saquen a concurso y, por tanto, «se posibilite una mayor concurrencia a las empresas de la localidad para favorecer la diversidad de los gastos en el conjunto de la economía sanvicentera».
Por otra parte, el concejal socialista también reclama «que se saquen a concurso público las grandes actuaciones como la telefonía, energía, carburantes, publicidad y servicios auxiliares».
«Lo que no puede ser -agrega Selva- es que se estén fraccionando contratos para decidir directamente las empresas adjudicatarias de este servicio pues, además, en este asunto el Ayuntamiento es reincidente ya que la interventora lleva años advirtiéndolo y el volumen de operaciones supera los tres millones».
Por su parte, desde el equipo de gobierno se indica que estas adjudicaciones directas se realizan para «cosas perentorias». Fuentes municipales recuerdan que este fraccionamiento de facturas «no es ilegal» y que en algunos casos «es difícil» realizar un solo encargo aunque «poco a poco se van a ir regularizando estas situaciones». Actualmente, indican, «estamos trabajando con Contratación e Intervención para ver los procedimientos en cada caso».
