El proyecto de soterramiento de las líneas de media tensión que atraviesan zonas urbanas de San Vicente, principalmente el barrio del Tubo, permanece paralizado y sin fecha para acometerlo. A pesar de que en diciembre de 2010 la alcaldesa, Luisa Pastor, firmó un protocolo con Iberdrola para soterrar la subestación eléctrica y las líneas aéreas con una inversión prevista de 30 millones hasta 2016, las obras no se han iniciado y, además, se desconoce cuándo se iniciarán.
El problema de estas líneas aéreas lo planteó en el pleno de ayer la concejal de Esquerra Unida, Isabel Leal, al preguntar si el proyecto se ha incluido en el Plan de Infraestructuras del Ministerio de Industria. El concejal de Urbanismo, Antonio Carbonell, contestó que «no está dentro ni está fuera» y «no podemos saber si hasta 2020 quedará incluido o no». «Es difícil saber si será posible o no cumplirlo», apuntó el edil, quien justificó este retraso indicando que han cambiado «las condiciones de desarrollo urbanístico» desde que se firmó el protocolo a finales de 2010.
Por otra parte, Carbonell anunció ayer que el Ayuntamiento aprobó la semana pasada una partida cercana a los 30.000 euros para equipar la parte trasera de la antigua Casa Consistorial. A preguntas de la portavoz de EU, Mariló Jordá, el edil de Urbanismo explicó que la Agencia Valenciana de Turismo está «realizando trámites» para abrir la parte principal del edificio como Oficina de Turismo, mientras que el cuerpo que da a la calle Salamanca tendrá un «uso sociocultural». Carbonell espera que los «recursos materiales y personales» para abrir esta parte trasera estén listos antes de fin de año, aunque de momento no quiso revelar el qué consistirá ese uso sociocultural.
En la sesión de ayer el PP aprobó en solitario otorgar la gestión del complejo del velódromo a Josector Juan Luis S. L. La oposición votó en contra esgrimiendo el ejemplo del parking del Ayuntamiento para defender la gestión pública de estas instalaciones. La portavoz de EU criticó la adjudicación a una empresa «cuya sede se encuentra en el mismo rellano donde está situada la sede del PP» mientras el portavoz del PSOE, Rufino Selva, calificó la adjudicación de «alcaldada»; apuntó que uno de los responsables de la empresa, Carlos Castillo, «fue asesor del PP en la Diputación y gerente del Patronato de Deportes de Alicante»; y preguntó por qué motivo se ha permitido a la empresa presentar el aval fuera de plazo. El concejal de Deportes, José Rafael Pascual, replicó que la adjudicación se ha hecho con respaldo técnico y «no se tiene que tener en cuenta si nos gustan o no las empresas» pues, además, Josector no está inhabilitada para contratar con la Administración «y si lo impedimos estamos cometiendo un delito». En cuanto al retraso en la presentación del aval, apuntó que «la Mesa de Contratación creyó que el plazo se podía ampliar».
El pleno aprobó además la cuenta general de 2013 con el voto en contra de la oposición y el PP rechazó la moción de EU para destinar las antiguas casas de Cemex a crear un fondo social de viviendas. En presencia de un grupo de miembros de la plataforma Stop Desahucios, Carbonell anunció que mediará con Cemex para buscar una solución para las familias que aún residen allí pero se mostró contrario a mantener este núcleo aislado del casco urbano por el riesgo de fomentar la «exclusión social» de sus residentes.
