Cese inmediato del tratamiento de residuos orgánicos. La Plataforma contra el Vertedero de Les Canyades de El Campello reclamó ayer que se active de forma inmediata el desvío de basuras orgánicas a otras plantas, iniciativa anunciada hace dos semanas por la Generalitat como solución transitoria a las graves molestias por malos olores que genera este centro.
Aunque desconfían de que esto resuelva los problemas, afirman que están «hartos» de anuncios y reclaman la ejecución de medidas, que sobre todo pasan por el cierre total del complejo. Dado que esta clausura se ha rechazado en reiteradas ocasiones, y a expensas de lo que dictaminen los tribunales en varios procesos en marcha sobre denuncias sobre su actividad, los residentes piden que se haga efectivo ya el desvío, pero lamentan que desde que se anunció hace medio mes no tienen constancia de que haya habido ningún avance, por lo que temen que este verano van a seguir soportando fuertes episodios de malos olores por las noches.
Denuncian que las molestias se han recrudecido con el calor y desconfían de que esta medida se vaya hacer efectiva en los próximos meses. También recuerdan que «otros vertederos como Fontcalent, Villena o Xixona están igual que El Campello, por lo que no creemos que nadie quiera asumir esas basuras. Además, por lo que sabemos el problema no sólo está en el compostaje».
Tal y como ya informó este medio a principios de mes, la Conselleria va a suspender los procesos de compostaje en la planta, por lo que desviará los residuos orgánicos a otras plantas para que esta conversión en abono mediante fermentación se realice fuera de El Campello. Pero para ponerse en marcha la medida antes debe ser antes refrendada por los consorcios de basuras, que deben también asumir sus costes económicos.
Esta medida le fue comunicada el 8 de julio al alcalde Juanjo Berenguer en una reunión que mantuvo en Valencia con la Conselleria de Medio Ambiente. Se trata de una actuación provisional mientras que la empresa FCC, que gestiona el vertedero, pone en marcha el proyecto que le ha requerido la Generalitat para minimizar los malos olores, después de que un estudio de la Universitat Politècnica de Valencia (UPV) haya certificado la existencia de graves molestias por encima de lo permitido y que el Consell esté revisando su Autorización Ambiental Integrada (AAI) por los incumplimientos.
