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San Vicente del Raspeig

El Consell Jurídic autoriza al Ayuntamiento a rescindir con Ortiz el contrato del parking

El Consistorio podrá quedarse con la fianza y cobrar indemnización por daños y perjuicios, aunque tendrá que abonar parte de las obras de construcción

Goteras dentro del parking en una imagen de archivo INFORMACIÓN

El Consell Jurídic Consultiu ha dado el visto bueno al Ayuntamiento de San Vicente para resolver con Enrique Ortiz el contrato del parking subterráneo de la Casa Consistorial. El órgano de la Generalitat Valenciana autoriza al Ayuntamiento a incautarse de la fianza que depositó el contratista y a exigirle una indemnización por los daños y perjuicios que le haya causado en lo que supere el importe de la garantía incautada. No obstante, apunta que la empresa deberá cobrar parte del coste de las obras de construcción de esta infraestructura y advierte de que, si se pretende declarar la prohibición de contratar a la mercantil con cualquier administración, para ello habría que abrir un procedimiento específico.

El pleno del Consell Jurídic se ha pronunciado recientemente sobre la renuncia presentada por Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras S.A. el pasado 8 de enero a seguir gestionando el citado parking. Como se recordará, el 26 de octubre de 2005 se adjudicó a esta empresa el contrato de concesión del aparcamiento situado debajo del Ayuntamiento por un plazo de 35 años, pero la empresa se ha negado a seguir explotándolo al considerar que es un negocio ruinoso y responsabiliza de ello al Ayuntamiento.

Tras la consulta al Consell Jurídic, el Ayuntamiento ha contratado ya a cuatro personas para comenzar a explotar directamente este aparcamiento a partir del próximo 1 de julio. Los cuatro empleados permitirán mantener abierto el estacionamiento siempre con una persona presente. Con ello se pretende mejorar el servicio actual, ya que hasta ahora no hay personal que vigile directamente o ayude a los usuarios en el lugar. También se prevé atraer más usuarios y hacer rentable el parking abaratando los precios.

Según ha podido saber este diario, las conclusiones del Consell Jurídic Consultiu establecen que el Ayuntamiento puede seguir adelante con la resolución del contrato administrativo y le autoriza a incautarse de la fianza que depositó Enrique Ortiz cuando se hizo cargo de la explotación del aparcamiento. La garantía ascendía a 132.368 euros.

También está de acuerdo con la decisión del Consistorio de reclamar al contratista una indemnización por los años y perjuicios que le ha causado al Ayuntamiento la renuncia unilateral.

Cuentas por resolver

En todo caso, al resolver el contrato el empresario probablemente cobre más de lo que deba pagar al Ayuntamiento puesto que se le otorgó la explotación del estacionamiento durante 35 años a cambio de no abonarle el coste de las obras de construcción del parking. Al romperse el contrato, aunque sea a petición de Ortiz, el Consistorio deberá pagarle el importe de estas obras, salvo la parte que se haya amortizado durante estos cerca de 14 años de gestión.

La Administración local se dio un plazo de seis meses para que los técnicos determinen la cuantía que se debe abonar al contratista. El acuerdo plenario establecía que la cifra que se le deba pagar dependerá del estado de «conservación, grado de amortización en función del tiempo que restara para el término de la concesión y lo establecido en el plan económico-financiero».

Respecto al estado del inmueble, cabe recordar que presenta problemas cada vez que llueve puesto que filtra agua en el interior.

El aparcamiento consta de 119 plazas y en la actualidad sólo se viene ocupando de forma habitual parte de la primera de las tres plantas. El empresario alega que no se ha utilizado ninguna plaza de larga duración y, por ello, no ha ingresado ni un euro pese a que en sólo tres años esperaba obtener 1.846.551 euros sólo por arrendar las plazas fijas.

También explica que en 2009 sólo ocupó el 2% de la plazas, al siguiente un 3%, en 2011 un 4% y en 2012 un 3%. Ante estos malos resultados solicitó al Ayuntamiento que le indemnizara y, al denegárselo, es cuando renuncia a esta concesión que considera «ruinosa» por culpa de la Administración.

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