Desbloqueo de la ansiada piscina cubierta de El Campello. Año y medio después de que la empresa abandonara definitivamente las obras y renunciara a la contrata, el pleno aprobó ayer sacar a licitación la redacción del proyecto y la ejecución de lo que queda de los trabajos por tres millones de euros.

La medida fue respaldada por el equipo de gobierno de PP y Decido junto con el PSOE, mientras que Bloc, Iniciativa y EU la rechazaron. Pese a que la obra se inició en el verano de 2010, ha sufrido varios parones y retrasos hasta su definitiva paralización en diciembre de 2012, pese a lo cual aún queda por realizar el grueso de la obra. El presupuesto inicial era de 5,3 millones de euros aportados por la Generalitat a través del Plan Confianza, de los cuales 1,3 millones correspondían a pistas deportivas anexas y el resto a la piscina en sí. En esta ocasión se ha optado por separar ambas actuaciones, por lo que las obras anexas, que aún no se han iniciado, se adjudicarán a través de un proceso público que se aprobará la próxima semana por decreto. Del coste de la piscina, unos cuatro millones, lo que se ha construido hasta ahora supone cerca de un millón de euros del total, por lo que aún queda por ejecutar la mayor parte, obras complementarias al margen.

El alcalde Juanjo Berenguer explicó ayer que «lo más importante es que por fin desbloqueamos este proyecto. Se trata de una actuación reclamada por mucha gente desde hace mucho tiempo y hasta ahora no habíamos podido sacar de nuevo a licitación la obra, ya que había unos plazos y pasos previos como la rescisión de la anterior contrata. Para poder acabar la obra hemos puesto unas prioridades, y la primera es que se termine el edificio y la piscina, en segundo lugar queda la zona del gimnasio, y como última, es decir que no es importante, está la zona de spa y cafetería, aunque si la empresa ganadora lo incluye dentro del presupuesto marcado, pues mejor».

Además el Ayuntamiento ha tenido que sumar 180.000 euros a los 5,3 que pone la Generalitat para poder culminar la obra, aunque el alcalde recordó que esa cantidad es menor de los 300.000 euros que en su día aprobó poner el Consistorio para llegar a un acuerdo para terminarla con la anterior adjudicataria, Esclapés e Hijos, aunque esto no llegó a fraguar finalmente.

Por su parte Marita Carratalá, socia de gobierno del PP con Decido, recalcó que «es importante poder terminar la piscina. Había que acabarla, no podíamos dejar perder esta subvención de la Generalitat».

Plazos y gestión

Una vez se presenten las empresas al concurso y se adjudique, la mercantil contará con un plazo de ejecución de siete meses, el mismo tiempo que se estableció en la primera licitación, aunque ahora con menos actuaciones, ya que no se incluyen las pistas anexas y ya se ha hecho parte de la obra. El Consistorio prevé posteriormente privatizar la explotación del complejo.

«Plan Desconfianza»

El portavoz del PSOE, Pepe Varó, manifestó ayer que «respaldamos la medida porque aunque la piscina no era nuestra primera opción para incluir en el "Plan Desconfianza" de Camps, nos habría sabido muy mal perder la subvención. Es una decisión que tomamos por responsabilidad, ya que hay que terminarla. Eso sí, es curioso que su finalización coincidirá con las elecciones municipales, si es que alguna empresa se presenta al concurso».

En cambio los ediles de Bloc e Iniciativa, Benjamí Soler y Noemí Soto, justificaron su rechazo en la falta de garantías de que la Generalitat pague si hay más retrasos. Soto recordó que «lo único que pone en el pliego es que si no se acaba en el plazo se devolverá el dinero a la Generalitat. No tenemos garantías y acabaremos pagándola entre todos. Si nos dieran una garantía sí que la apoyaríamos». Por su parte Soler apuntó que «este proyecto nunca nos ha aportado confianza y el Ayuntamiento nunca ha hecho fuerza frente a la Generalitat. Tampoco se ha tenido en cuenta la indemnización que pide la anterior empresa», que asciende a 700.000 euros y que justificó su renuncia en impagos del Consell y deficiencias. De igual forma, el Consistorio acusa a la firma de paralizaciones indebidas, por lo que es previsible que el tema acabe en los tribunales.

Por su parte la edil de EU, Raquel Pérez, recordó que «se inicia una nueva adjudicación sin una certificación que garantice el pago, con una nueva redacción del proyecto y con la incertidumbre de la situación estructural debilitada por las inclemencias meteorológicas». Pérez calificó al equipo de gobierno de «pollos sin cabeza» al «llevar a la deriva este macroproyecto, elevando el coste y abocando el proceso a denuncias por impagos con sus consecuentes indemnizaciones, todo con dinero público».