El Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant sancionará económicamente a la empresa del crematorio por superar los niveles de partículas y cloruros autorizados por la legislación española. Así lo confirmó a este periódico ayer el portavoz del equipo de gobierno, Santiago Román, al finalizar la comisión de seguimiento del crematorio, conformada por los grupos de la oposición, los vecinos de la plataforma contra la incineradora y el AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumnos) del colegio Lo Romero.
Román explicó que el Ayuntamiento decidió aceptar la propuesta del grupo municipal del Bloc que exigía la sanción a la empresa después de que se conociera el informe realizado por firma SGS que determina que los niveles de cloruros y partículas superan los límites permitidos. El también concejal de Urbanismo rechazó establecer a cuánto ascendería esta sanción y afirmó que se dará traslado de inmediato a los servicios jurídicos del Ayuntamiento.
Del mismo modo, Román incidió en que esta medida no supondrá un perjuicio para la ruta marcada «desde el mes de diciembre», es decir, que el Ayuntamiento esperará que la Conselleria de Sanidad emita el informe de impacto en salud y que a partir del mismo se adoptarán las acciones oportunas.
El portavoz popular afirmó que Sanidad se comprometió a remitir su evaluación en el «menor tiempo posible». En consecuencia, el equipo de gobierno volvió a rechazar ayer la posibilidad de solicitar la suspensión cautelar del crematorio y apeló a la prudencia.
La plataforma contra el crematorio se mostró muy crítica ante la gestión de la información tanto del informe de mediciones, que recibieron ayer mismo, como de las valoraciones en su opinión erróneas sobre los resultados por parte de la incineradora que fueron publicadas en prensa. Los vecinos que conforman esta plataforma volvieron a solicitar ayer el cierre cautelar y afirmaron que la empresa incumple la autorización ambiental al haberse comprobado que existen sustancias como los cloruros y partículas que superan los límites permitidos por la legislación.
«Medio Ambiente no debe realizar un informe o valoración, por ello no entendemos la demora y que no se ejecute un suspensión de la actividad cuando se ha comprobado que existen sustancias que son perjudiciales para la salud», manifestaron desde la plataforma. Asimismo subrayaron que «no nos queda claro qué es lo que hará el Ayuntamiento, ni en qué escenario exigiría el cierre cautelar de las instalaciones, mientras esperamos informes y más informes sufrimos un perjuicio que es irreparable».
«Deberían explicar por qué cambiaron la metodología de medición de dioxinas cuando la empresa afirmó que necesitaba un mínimo de tres ciclos y que en ningún momento se emite una opinión sobre estas sustancias en el informe», destacaron desde la plataforma.
Los vecinos criticaron además la ausencia en la comisión de un técnico de la empresa que realizó el informe, un compromiso del equipo de gobierno. En este sentido, el portavoz del PP afirmó que fue decisión de la empresa, tras la convocatoria de la comisión, no asistir a las reuniones ya que según remitió al Consistorio, esa es «su política general».
Oposición
El portavoz del grupo municipal socialista, Baltasar Ortiz, manifestó su queja al no haber recibido con anterioridad el informe y aseguró que a la vista de los resultados «la empresa incumple la autorización, por ello se debería solicitar el cierre cautelar y remitir la situación a la Conselleria de Sanidad para tomar medidas, es decir, justo lo contrario a lo que propone el PP».
El concejal de EU, César Vilar, volvió a reiterar la necesidad de decretar la suspensión cautelar y afirmó que existen suficientes pruebas técnicas y mecanismos jurídicos para llevarlo a cabo. «Si no se suspende la actividad es por falta de voluntad política y desde EU seguiremos pidiendo que esta medida se lleve a cabo», apuntó Vilar. Este periódico intentó recabar declaraciones del grupo municipal del Bloc sin obtener respuesta.
