18 de abril de 2014
18.04.2014
El Campello

Una juez condena al Ayuntamiento a devolver 50.000 euros a 45 funcionarios

UGT dice que el fallo reconoce que el recorte salarial a los empleados de menor nivel debía de haber sido del 1% y no del 5%

18.04.2014 | 03:21

Un juzgado de Alicante ha tumbado la mayor parte de un recorte salarial a los funcionarios de menor nivel del Ayuntamiento de El Campello, según explicó ayer el sindicato UGT, que presentó el recurso. La magistrada ordena devolver un total de 50.000 euros a unos 45 empleados, aunque fuentes del equipo de gobierno señalaron que estudian el fallo, que no es firme, y están valorando la posibilidad de presentar un recurso.
UGT interpuso una demanda contra el Ayuntamiento «por no cumplir el decreto ley 8/2010, referente a la reducción del déficit público, por el que se rebajaba el sueldo a los empleados públicos en un 5%, exceptuando a los de menor nivel, que la rebaja era del 1%. Este Consistorio decidió saltarse el artículo 1 de este decreto y aplicar a todos los trabajadores la misma reducción, y ahora la titular del Juzgado Contencioso Administrativo número 4 de Alicante, ha fallado a favor de ellos, obligando a esta administración local a devolverles el 4% de más que les estaba reteniendo desde 2010 y aplicarles a partir de ahora el 1%, en lugar del 4%», según UGT.
Esta misma denuncia la tiene interpuesta el sindicato en el Ayuntamiento de Alicante, ya que al igual que el de El Campello, el gobierno municipal decidió reducir de manera lineal un 5% a todos los empleados municipales, con independencia de cuál fuera su nivel, y no respetó el artículo 1 que establecía que aquellos trabajadores que menos nivel tienen, y por tanto sus salarios son más bajos, la reducción debería ser del 1%. El juicio se realizará en las próximas fechas en el mismo juzgado que ha dado la razón a UGT.
El decreto que aprobó en 2010 el gobierno de Zapatero y que supuso la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores de las administraciones públicas en una media de un 5%, fue después negociado en cada ayuntamiento para decidir su aplicación, y por tanto todos los representantes sociales de las mesas negociadoras sabían que al grupo de menor nivel, el E, solo se le podía aplicar el 1%, de tal forma que aquellos gobiernos municipales que decidieron no hacerlo, sabían que estaban incumpliendo la ley, según el sindicato.
El secretario general de la Federación de Servicios Públicos en la comarca de l'Alacantí-La Marina, Miguel Chinchilla, afirmó que «de nuevo un juez vuelve a dar la razón a los trabajadores y restablece sus derechos», criticando «la cerrazón de muchos de los políticos que dirigen nuestras administraciones públicas que creen que pueden aplicar su propio criterio sin tener en cuenta lo que dice la ley, y en este caso es mucho más sangrante porque se hizo con empleados que apenas llegan a los 1.000 euros de salario».

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