San Vicente se incautará de la garantía de 132.268 euros que depositó Enrique Ortiz en el Ayuntamiento para poder explotar el aparcamiento subterráneo de la Casa Consistorial, después de que el empresario haya renunciado a seguir gestionándolo. El Consistorio tramita, además, un expediente que puede derivar en la prohibición de que contratar cualquier obra o servicio con el grupo Cívica durante los próximos cuatro años.
El pleno del Ayuntamiento de San Vicente aprobó ayer una resolución relativa a la renuncia de Enrique Ortiz al citado aparcamiento. El concejal de Hacienda, Manuel Marco, introdujo a última hora una enmienda por la que se acuerda incautar la garantía de 132.268 euros previa audiencia por un plazo de diez días. También se le advierte de que la resolución del contrato «por tratarse de causa de la que el contratista es culpable» dará lugar a la prohibición de que el Consistorio vuelva a contratar con él y se exigirán de «los daños y perjuicios producidos en lo que excedan del importe de dicha garantía».
La resolución fue aprobada por unanimidad, mientras que la oposición del PSOE y EU votó en contra de la aprobación provisional de las nuevas tarifas que se aplicarán al aparcamiento cuando lo gestione directamente el Ayuntamiento. El socialista Rufino Selva y Gerardo Romero, de EU, consideraron que el precio de 1,2 euros en horario matinal «sigue siendo excesivo si se compara con otras ciudades como Alicante».
El responsable municipal de Hacienda replicó que al fijar las nuevas tarifas «hemos hecho una apuesta muy importante por el abonado» y por «fomentar la ocupación por usuarios fiables». Es decir, frente a la rotación se prefiere que los usuarios sean personas que a diario estacionen adquiriendo alguno de los abonos más económicos. Marco aseguró que «estamos en precio de mercado» y «tampoco podíamos pasarnos tirando los precios de los abonos más allá de lo razonable».
En la misma sesión también se acordó por unanimidad un problema con otra concesionaria: La reclamación de más de un millón de euros por parte de Cespa. El pleno aprobó por unanimidad denegar la pretensión de la contratista del servicio de recogida de basuras, que afirma estar sufriendo un desequilibrio financiero debido al incremento de la tasa por verter en la planta de Piedra Negra. Pese a su respaldo a la propuesta del equipo de gobierno, los grupos de oposición recordaron que la propia Cespa tiene un 49% de las acciones del vertedero y reprocharon que sea una mercantil la que fije la tasa por verter en lugar de establecerlo en el Plan Zonal de la Diputación. El edil de Hacienda replicó que el Ayuntamiento ha rechazado la reclamación de la mercantil porque la contrata en su conjunto no registra desequilibrio financiero y apuntó que la tasa del vertido debe debatirse en el foro del plan zonal y no en el Ayuntamiento.
En el mismo pleno, el PP rechazó debatir por urgencia la moción del PSOE y EU para solicitar una rebaja en la edad de jubilación de la Policía Local. El portavoz del PP, José Juan Zaplana, recordó que los agentes locales pasan a los 55 años a la segunda actividad y reprochó a la oposición la falta de voluntad de consenso. También el equipo de gobierno votó contra la propuesta del PSOE de crear el Consejo de Comercio Local.
Otro tema que suscitó polémica fue la petición de la concejal de EU, Isabel Leal, para implantar el servicio de mamografías en San Vicente y reclamar más revisiones ginecológicas en la sanidad pública. La edil aseguró que «la mayoría de las veces las citas se dan con un plazo de un año y medio y no siempre se realiza citología. Además, apuntó que las mujeres que presentan mamas fibroquísticas soportan una espera de medio año. El PSOE apoyó la postura de EU recordando que la incidencia del cáncer de mama ha aumentado un 20% desde 2008, con especial incidencia en las más jóvenes.
La concejal de Sanidad, Mercedes Torregrosa, reconoció el aumento en esta grave patología pero replicó que «gracias al plan de prevención se diagnostican antes y han aumentado un 30% los casos que se resuelven de forma favorable. «No es cierto que las mujeres diagnosticadas de tumor esperen seis meses» señaló la edil, quien resaltó la proximidad a San Vicente del Hospital General de Alicante, «que es una unidad de referencia».
Críticas por Suárez
Una moción del PP, respaldada por el PSOE, para destinar una calle o plaza al fallecido presidente Adolfo Suárez provocó duras críticas de la portavoz de EU. Mariló Jordá lamentó su muerte y reconoció que es una «figura histórica», pero denunció el «el cinismo e hipocresía» por parte de quienes, según la edil, «contribuyeron a su caída». Además de afirmar que Suárez «fue heredero del movimiento franquista», Jordá lamentó el «sectarismo del PP» al otorgar «sistemáticamente» el nombre de calles a personajes «de derechas» mientras una de las víctimas de los campos de concentración nazis, Francisco Santana Orts, sigue sin tener dedicado un espacio público.
