Medir todas las sustancias que emita el crematorio. Éste es el objetivo del equipo de gobierno de Sant Joan. De hecho, el secretario municipal acudió ayer a los tribunales para solicitar un permiso ante el juez a través del cual se autorice al poder local a registrar los niveles de emisión de todos los componentes que se expulsan en cada una de las cremaciones.
El pasado lunes la empresa SGS -contratada por el Ayuntamiento- preparó los dispositivos para comenzar a tomar muestras de las emisiones del horno, sin embargo, las pruebas no llegaron a realizarse debido a la confrontación entre el grupo ASV y la empresa encargada de llevar a cabo el control. La intención, por parte de SGS, de medir los dioxinas y los furanos pese a que estas sustancias no están reguladas en la legislación española para este tipo de actividades, desató la polémica. Finalmente, los operarios abandonaron las instalaciones sin medir ningún componente, recogido en la Ley o no.
Desde el crematorio sostienen que la actual legislación vigente les ampara. Por ello, el consistorio acudió ayer a los tribunales para poder medir «todo lo que salga por la chimenea», recalcó el portavoz del PP, Santiago Román. «El Ayuntamiento ha solicitado el amparo judicial», informó el popular, a la par que avisó de que entre hoy o mañana «habrá una respuesta por parte del magistrado». Además, Román mostró su preocupación por el asunto. «Esos componentes -en referencia a las dioxinas y los furanos- deben medirse, que no estén recogidos en la Ley no significa que no sean contaminantes», advirtió.
Por otra parte, el equipo de gobiernó valoró negativamente el recurso contencioso administrativo que la Plataforma Anti Crematorio ha interpuesto contra el Ayuntamiento por no proceder a la suspensión cautelar del crematorio. «Lamentamos que el colectivo quiera acudir a pleitear contra el consistorio y, sin embargo, desistiera de la vía judicial contra el grupo ASV, dejando sola a la Administración local en dicho proceso judicial», manifestó. En la misma línea, el portavoz del PP remarcó cuál es la postura del equipo de gobierno respecto a la ubicación del crematorio. «El horno no cabe en ningún punto del pueblo ya que es un término muy reducido para este tipo de actividades», según dijo Román.
La oposición mostró su apoyo a la Plataforma. «La existencia de posibles efectos nocivos, según se indicaba en el informe de impacto en salud, debería haber sido el punto de inflexión para propiciar al cierre cautelar», consideró el portavoz del PSOE, Baltasar Ortiz. Por su parte, el edil del Bloc Xavier Sala apuntó que «más allá de la Ley, si las sustancias perjudican a la salud deben medirse» y respaldó la postura de la Plataforma Anti Crematorio. «Llevan mucho esperando una respuesta por parte del Ayuntamiento», lamentó el concejal.
