La Universidad Católica tendrá que pasar por una ley de reconocimiento si quiere seguir con el proyecto de creación de un nuevo campus en Sant Joan. Así lo confirmó ayer a este diario la Dirección General de Universidad de la Comunidad Valenciana. El organismo dependiente de la Conselleria de Educación toma esta decisión tras la sentencia del Tribunal Constitucional, fechada el pasado 5 de junio, que considera que las universidades de la Iglesia Católica tienen que estar sometidas, como el resto de las privadas, a la exigencia de una ley de reconocimiento. La sentencia, que ya adelantó este diario en junio, señala que «lo contrario atentaría contra el principio de igualdad que consagra la Constitución». El fallo del tribunal anula por tanto los acuerdos con la Santa Sede que hasta ahora bastaban a las instituciones católicas para fundar nuevas universidades. Tras estudiar la sentencia, la Conselleria de Educación ha decidido equiparar la formación de la futura UCA a la ley que rige a los centros privados.
«Los trámites para la creación de la Universidad Católica de Alicante (UCA) se han iniciado, aunque siguen a falta de ser autorizados por los organismos competentes. Por este motivo finalmente va a necesitar pasar por una ley de reconocimiento que tendrá que ser aprobada por las Cortes Valencianas», explicaron ayer desde Educación.
En la sentencia los magistrados advierten de que sólo afectará a las universidades de nueva creación, es decir, «procedimientos administrativos y procesos judiciales donde aun no haya recaído una resolución firme». Esta parte de la resolución es la que afecta directamente a la UCA, ya que como bien recuerda Educación, el proyecto sigue en fase de evaluación.
La nueva universidad, que no se considera como un campus vinculado al de Murcia, sino como un centro independiente, está erigida por la Santa Sede desde marzo de 2012, aunque, tras cinco meses de estudio, su proyecto educativo sigue estancado en Conselleria.
Haciendo oídos sordos a la Generalitat, en la Universidad Católica de Murcia insisten en seguir con el procedimiento iniciado hasta ahora y descartan que el fallo del Constitucional les afecte.
«Las previsiones de la UCAM sobre la creación de un campus universitario en Sant Joan continúan con total normalidad, ya que la Universidad Católica de Alicante ya fue creada, conforme a la normativa vigente en ese momento, dentro del marco de los acuerdos Iglesia-Estado, estando los trámites en estos momentos a la espera del reconocimiento por parte de las Cortes Valencianas», explicaban ayer desde Murcia. La UCAM añade que «la sentencia del Constitucional del pasado mes de junio se refiere a la regulación de posibles nuevas universidades católicas que se puedan crear en España a partir de ahora». En este apunte no tienen en cuenta el matiz que resalta el Constitucional en su fallo y al que atiende la Conselleria para tomar esta decisión, ya que en ningún caso el mero hecho de estar aprobada por la Conferencia Episcopal cuenta como nueva universidad hasta que no recibe una resolución firme, algo que sigue pendiente en el caso de la UCA.
Periplo
Los trámites que ahora debe completar la UCA podrían alargarse más de dos años si se toma como referencia la creación de otras universidades en la Comunidad como la Internacional de Valencia o el caso más reciente, la Mare Nostrum que se prevé instalar en El Campello. Este proyecto acumula dos años de gestiones desde que se presentara al Consell la memoria constitutiva con todas las premisas que marca la ley de universidades. Este documento recoge todo tipo de aspectos como el plan de estudios de cada especialidad, ubicación, instalaciones, garantías financieras, programas de becas, prácticas para estudiantes, etcétera. La Conselleria estudia el proyecto, lo aprueba y lo envía al Ministerio de Educación. En Madrid se elabora un informe no vinculante antes de ser remitido nuevamente al Consell para su aprobación en la Cortes. Una vez admitido, los títulos tienen que ser validados por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). El proceso suele llevar acompañado una serie de cambios en el proyecto que terminan por retrasar su puesta en marcha.
