La vía judicial para acabar con los malos olores del vertedero de Les Canyades avanza. Un juez de Alicante ha encargado a la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) un estudio sobre la toxicidad de las emisiones de la planta de basuras de El Campello, que desde su apertura en 2009 no ha parado de generar molestias e incluso problemas de salud, según los residentes de la zona norte.

El titular del juzgado que investiga el funcionamiento del complejo a raíz de la denuncia de un particular, emitió el pasado 23 de septiembre una providencia por la que ordena remitir «oficio a la UMH de Elche para que continúen los muestreos y un estudio a fin de identificar los contaminantes potencialmente peligrosos y el origen de los mismos, por un periodo de seis meses, y transcurrido ese periodo, que se informe de su resultado a este juzgado».

Se trata de una medida propuesta por la Fiscalía, previa a continuar con el proceso y tomar una decisión sobre la petición de cierre cautelar reclamada por el denunciante. Para ello el secretario judicial ha remitido un escrito al Laboratorio de Contaminación Atmosférica de la UMH, que realizó el pasado año un estudio sobre las emisiones a instancias del Ayuntamiento de El Campello, para que en relación con ese trabajo sobre la percepción de malos olores en la zona norte se continúe con la toma de muestras.

En el estudio anterior, hecho público en octubre del año pasado, la UMH alertaba de la presencia de sustancias peligrosas y pedía realizar estudios dentro del vertedero, aunque no aconsejaba el cierre de la instalación. A pesar de recomendar la instalación de captadores de aire en la planta durante dos años, desde el Ayuntamiento se dio traslado a la Generalitat del estudio y sus conclusiones pero no se ha continuado con el trabajo al considerar que debe ser la Conselleria de Medio Ambiente y el Consorcio de Basuras los que actúen en consecuencia al ser los responsables.

Este juzgado lleva investigando desde hace un año el funcionamiento de la planta de Les Canyades. Tiene en su poder el estudio elaborado por la firma Socioenginyeria a instancias de la Asociación Afectados por el Vertedero, que alerta de la presencia de 38 sustancias nocivas para la salud, en algunos casos en altas concentraciones, y que recomienda a los vecinos abandonar sus casas ante el peligro que suponen. También dispone del citado informe de la UMH que constata la presencia de compuestos potencialmente peligrosos, así como otro informe solicitado por el magistrado al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), que constata la existencia de malos olores que podrían proceder del vertedero. Por su parte la Conselleria de Medio Ambiente ha remitido al juzgado la Autorización Ambiental Integrada (AAI) de la planta, que fue renovada el pasado verano pese a la oposición en bloque del Ayuntamiento y de los vecinos, así como las irregularidades detectadas en sus inspecciones.

El encargo de un nuevo estudio, en este caso solicitado directamente por la autoridad judicial y costeado por el Estado, se produce tras presentar el denunciante el pasado 3 de septiembre un escrito ante el juzgado reiterando la petición de cierre cautelar «para que paren las emisiones atmosféricas y vertidos que suponen un claro perjuicio para los vecinos y residentes de la zona, así como al medio ambiente. De no paralizarse el funcionamiento de esta planta (...), se puede estar poniendo en un claro riesgo la salud de las personas y produciendo un deterioro del medio ambiente».

Precisamente otra denuncia de este vecino es la que ha llevado a otro juez a imputar al alcalde Juanjo Berenguer por ordenar que la Policía no verificara en situ las quejas de los vecinos por los hedores. El primer edil declaró al juez que cambio el protocolo por consejo de la UMH al estar constatadas ya las molestias.