Los impagos de la Generalitat mantienen en jaque las conexiones interurbanas que unen Alicante con los municipios de la comarca de l'Alacantí. Líneas que están condenadas a tener billetes más caros y con menos frecuencias. La Generalitat confiesa que no tiene un plan de pago, el Ayuntamiento de Alicante no está dispuesto a seguir asumiendo el coste del servicio fuera de su término municipal y los cuatro consistorios afectados (San Vicente, El Campello, Mutxamel y Sant Joan) coinciden en la dificultad económica que les supone asumir el coste del servicio. Desde la Diputación Provincial aseguran que hasta el momento nadie se ha dirigido a ellos para hablar de este asunto y que, además,es responsabilidad de la Conselleria. Con este panorama, se hace evidente que el futuro de estas líneas pasa por subir los precios, sacrificar frecuencias de paso e incluso limitar las conexiones de las pedanías alicantinas con los pueblos de la comarca. Aunque las administraciones no lo reconocen abiertamente, la viabilidad del servicio y la forma de gestionarlo está sobre la mesa con la intención de «adaptarlo al contexto económico actual», tal como apuntan desde la Conselleria de Infraestructuras y Transportes.

La empresa concesionaria del servicio de autobús interurbano explica que desde su implantación, en el año 99, el TAM (Transporte Metropolitano de Alicante) está prestando un nivel de servicio «muy superior al estipulado en la concesión original, a la contrata anterior». Ademas, las mismas fuentes aclaran que «este sistema se rige por un baremo tarifario integrado, cuyos importes están muy por debajo de los establecidos en el contrato concesional».

Sistema deficitario

La adjudicataria asegura que el sistema TAM «supuso para La Alcoyana más nivel de servicio y unas tarifas inferiores, por lo que resulta deficitario». Es decir, que los ingresos por tarifa no sufragan los costes del servicio, por lo que es necesaria una aportación de la Administración.

El convenio firmado entre el Ayuntamiento de Alicante y la Conselleria de Transportes establece que la aportación del Consistorio para el pago de este servicio es del 65% por considerar que en su término se concentran más kilómetros y usuarios. La Generalitat, por tanto, se comprometía a abonar el 35% del coste. Hasta hace dos años este porcentaje que aportaba la Conselleria era de 3,5 millones, según afirman desde el Ayuntamiento de Alicante, aunque esa cantidad pasó en 2011 a 1,2 millones, y el año pasado se quedó en 250.000 euros a pesar de que el servicio costó más de 18 millones de euros. El Estado aportó una subvención de algo más de un millón de euros y el resto fue pagado por el Ayuntamiento de Alicante. Por tanto la administración local interpreta que la Generalitat se desmarca, ya que además el Consell ni siquiera tiene presupuesto asignado para la aportación correspondiente a este año. El coste total del servicio en 2013 se estima en unos 35 millones de euros. Según el informe que redacta el interventor, «una vez contabilizados los importes hasta el primer semestre del año y una vez deducido el importe de la liquidación del 2012, queda una consignación disponible para el segundo semestre del año por importe de 1.800.000 euros». Por este motivo el Ayuntamiento de Alicante considera que este año han abonado el porcentaje que según dicho convenio le corresponde. Queda ahora en el aire quién pagará el resto.

«Hemos llegado al limite de lo que podemos pagar. Además nos encontramos con un problema de legalidad que apunta el interventor , ya que no podemos pagar un servicio cuya competencia corresponde a la Generalitat. Hemos asumido toda nuestra parte y lo que queda ya no nos corresponde. Hemos abonado el 65% de nuestra parte y no podemos hacer frente a más», explica el concejal de Transportes en el Ayuntamiento de Alicante, Juan Seva. El edil asegura que llegados a este punto tendrá que ser el operador quien se dirija a la Conselleria para dar salida al problema.

«Existen formulas que deberá estudiar el Consell para asegurar el servicio. Las líneas interurbanas son titularidad suya», apunta Seva.

Mientras, la Conselleria sigue estudiando cómo salir del apuro, ya que, aunque si bien la consellera, Isabel Bonig se ha comprometido a mantener el servicio, no existe un plan de pago ni hay establecida una cantidad a aportar para hacer frente al compromiso adquirido este año. Bonig equipara este servicio a otros de primera necesidad como la sanidad o la educación.

«Se hará un esfuerzo presupuestario para establecer una cantidad que permita mantener el servicio, aunque es muy difícil llegar al 35%», asegura Bonig. La consellera afirma además que esta semana se iniciaron las conversaciones con los ayuntamientos de la comarca de l'Alacantí y en especial con Alicante. En ese mismo trámite están los alcaldes de San Vicente, El Campello, Mutxamel y Sant Joan. Los primeros ediles de las cuatro localidades tienen pendiente una reunión la próxima semana para abordar el problema y estudiar las posibilidades que existen para mantener las conexiones con Alicante. La duda reside en la cantidad que tendrían que pagar en el caso de que finalmente tuvieran que asumir el servicio. Desde el área de Hacienda del Consistorio alicantino aseguran que sería el 35% del coste total, es decir, más de doce millones de euros. Cantidad que a priori consideran inasumible.

Los alcaldes aseguran que en cualquier caso todo podría quedar resuelto con la nueva licitación del servicio que la Generalitat sacará en unos meses. La nueva concesión abrirá las puertas a más empresas, aunque esto no cambia el desolador panorama económico de las administraciones.