Sorpresa en los ayuntamientos de la comarca de l´Alacantí tras el rechazo del Consistorio de Alicante a seguir asumiendo el coste de mantener las líneas de autobuses que conecta la capital con San Vicente del Raspeig, El Campello, Sant Joan y Mutxamel. Los alcaldes y portavoces de estos municipios aseguraron ayer que no han recibido comunicación alguna sobre la medida aprobada por Alicante, en la que de forma unilateral responsabiliza a estos municipios del coste de mantener el servicio de autobús desde este mismo año.
«Números tremendos», así califican el coste que se baraja por este servicio. Los cuatro ayuntamientos rechazaron ayer asumir el mantenimiento de estas líneas, ya que, aunque se desconoce el presupuesto que deberían destinar a esta partida, de entrada lo ven inasumible.
«Si el Ayuntamiento de El Campello tiene que poner un millón de euros, por decir una cifra, por la línea interurbana ya adelanto que no lo vamos a hacer», así de rotundo se mostró el alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer.
El Campello, al igual que San Vicente, sería de los menos perjudicados por esta decisión, ya que en ambos municipios disponen del servicio Tram. En el caso campellero el primer edil asegura que sólo la conexión con el hospital Universitario de Sant Joan se vería afectada, ya que el tranvía cubre el resto del término municipal. En este sentido en San Vicente son los vecinos de la zona norte los más afectados, ya que el resto tiene acceso a la recién estrenada línea 2 del Tram.
En consecuencia serían Mutxamel y Sant Joan los más afectados al no disponer de otros medios de transporte que le unan a la capital. «La línea de Mutxamel se mantendrá. Los vecinos pueden estar tranquilos porque este servicio se va a seguir prestando», aseguró ayer el alcalde de Mutxamel, Sebastián Cañadas.
«La competencia en transportes es de la Conselleria y en el convenio que tiene firmado con Alicante los municipios no tenemos responsabilidad. Tendremos que ver cómo queda la nueva licitación, aunque creemos que es el momento de pedir a la empresa que asuma más riesgos. Lo que no nos parece bien es que se cobre por los kilómetros y no por el número de usuarios. Facturar por riesgo y ventura sería en este momento lo más factible», explica el portavoz del equipo de gobierno de Sant Joan, Santiago Román.
Los ayuntamientos esperarán a conocer la nueva licitación y el pliego de condiciones del contrato para abordar soluciones.
«Es complicado poder asumir la exigencia que lanza Alicante con los presupuestos actuales. Habría que estudiar cada línea por separado», explica el primer teniente de alcalde de San Vicente, Antonio Carbonell.
El convenio que el Ayuntamiento de Alicante tiene suscrito con la Generalitat se remonta a 1999 y ha venido prorrogándose hasta 2012. El porcentaje acordado para cubrir el déficit del sistema era habitualmente de un 65% el Ayuntamiento y un 35% la Generalitat, pero según explican desde la Concejalía de Hacienda alicantina, esas aportaciones de la administración autonómica se limitaron a 250.000 euros en 2012 sin que para el 2013 se haya firmado un nuevo compromiso. Según el interventor «no existe ni se prevé» convenio alguno.
El importe que los municipios afectados tendrían que abonar en caso de asumir esta gestión, podría aproximarse al 35% del coste total del servicio, que es lo que la administración autonómica debería aportar según los convenios anteriores.
Aunque el coste total del servicio de autobuses es de 35 millones de euros, hay que restar lo que se ingresa por la venta de billetes. El déficit supera los 18 millones de euros, que prácticamente los asume el Ayuntamiento de Alicante, teniendo en cuenta que la Generalitat solo puso 250.000 euros en 2012 y el Ministerio aportó 1,1 millones.
Llegados a este punto las alternativas que se plantean desde el departamento de Hacienda del Consistorio alicantino pasarían por reducir el número de kilómetros de las líneas de autobús para que el servicio resulte más económico, reducir la subvención para los bonos -como el bono-oro-, e introducir el riesgo y ventura para que la empresa incentive el número de usuarios y que no se limite a hacer kilómetros. Es precisamente esta última opción la que reclaman los ayuntamientos de la comarca que no ven con buenos ojos que la adjudicataria cobre por el kilometraje y no por número de usuarios. Además los municipios apuntan que la solución debe pasar por la creación de un servicio mancomunado.
El PSOE y EU exigen que se mantenga el servicio
Los grupos de la oposición de los cuatro municipios afectados por la medida adoptada por Alicante pedirán explicaciones en los próximos plenos y exigen garantías para el mantenimiento de la línea. Así, el PSOE de San Vicente solicitó conocer «cuál será la repercusión económica para las arcas municipales y calificó de intolerable que los ciudadanos terminen pagando la falta de ayudas de la Generalitat». Por su parte, los grupos municipales de EU acusaron al Consell de desmantelar el servicio de autobuses por sus impagos y calificó el contrato de «lesivo» para los intereses públicos «ya que la empresa no asume ningún riesgo, cobra por kilómetro, independientemente del número de viajeros». m. f.
