Las Asociaciones de Vecinos San Juan Sur y Salafranca, junto con la Plataforma contra el Crematorio y por la Dignidad de Sant Joan han solicitado a la Conselleria de Sanidad la elaboración de un estudio epidemiológico del entorno donde se va a poner en marcha la citada instalación. Su propósito es que se compare la incidencia que tienen en la actualidad algunas enfermedades, por ejemplo las de tipo respiratorio o el cáncer, con los datos que se registren a partir de que el horno comience a funcionar.
"Pretendemos ver la causa- efecto porque quizá dentro de 15 años haya que exigir responsabilidades penales como ocurrió con las tabaqueras en Estados Unidos o con el microcemento. Si algunas enfermedades se disparan habrá una responsabilidad patrimonial y penal", señala uno de los portavoces de la plataforma. Además, indica, "tenemos la suerte de que a 50 metros hay un centro de salud que maneja datos que después servirán para comparar".
El colectivo también acudirá a la Unión Europea para solicitarle amparo en este caso pues considera una "aberración que esta instalación del Seguros Meridiano, del grupo ASV Funeser, se abra sin un estudio de impacto ambiental previo" y "aprovechando el vacío legal".
En el documento recuerdan la existencia de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) y otra del Juzgado Número 1 de lo contencioso-administrativo de Alicante que reconocen el derecho a la funeraria "a ejercer la actividad de crematorio por silencio administrativo positivo", pero apuntan que "no son sentencias basadas en argumentos científicos referidos a la salud ni al medio ambiente, sino en la ausencia de actuación por parte de las Administraciones implicadas".
"Tenemos constancia de que numerosos trabajos científicos prueban de forma irrefutable la relación causa-efecto que existe entre algunas de las sustancias que puede emitir un crematorio (dioxinas, furanos y metales pesado) y un gran número de enfermedades", Más alarmantes aún consideran los "trabajos científicos que relacionan directamente la actividad de los crematorios con aumentos en la frecuencia de cáncer en la población y alteraciones graves en el desarrollo embrionario".
Oferta a colaborar
El colectivo considera además que "la sentencia del TSJCV que reconoce el derecho de la empresa funeraria a la obtención de la licencia de actividad de un horno crematorio lo hace a tenor del decreto 653/2003 de la Generalitat Valenciana y en virtud de las competencias en política de calidad ambiental de dicha institución y que, por otra parte, dejan sin aplicación otras de ámbito estatal como la Ley 34/2007 de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera".
Los firmantes del escrito señalan que han "constatado que distintas Administraciones difieren en sus políticas ambientales e incorporan con celeridad variable los datos que aportan los trabajos científicos". Sin embargo, agregan, "la forma en que los compuestos nocivos actúan sobre las poblaciones humanas afectadas es lógicamente más uniforme".
Por todos estos motivos las dos Asociaciones de Vecinos y Plataforma contraria al crematorio consideran "justificada la alarma social que genera la autorización para la actividad del crematorio de Sant Joan, así como los sentimientos de indignación y de indefensión que generan entre los ciudadanos de nuestra localidad" y solicitan que la Dirección General de Salud Pública elabore el estudio epidemiológico, "así como la intervención de oficio de la Fiscalía de Medio Ambiente".
Los firmantes concluyen poniéndose a disposición de Sanidad para colaborar en el estudio aportando datos clínicos o personales de los ciudadanos o instalando sensores de contaminantes en sus domicilios.
