El secretario del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant ha emitido un informe que avala la legalidad de que el Consistorio ejecute obras en los institutos Luis García Berlanga y antiguo Lloixa que son de titularidad del Consell.

El funcionario elaboró dicho documento a petición de los tres grupos de la oposición, que lo solicitaron ante las dudas que les generaba la operación a tres bandas entre la Generalitat, el Ayuntamiento y la Universidad Católica de Alicante.

Como ha venido informando este diario, el equipo de gobierno decidió comprar al Consell la Residencia de Tiempo Libre por 4,5 millones de euros y conceder el inmueble más 23.000 metros cuadrados a la UCA. A cambio, la Universidad pagará cuatro millones al Consistorio, el cual empleará este dinero en la ampliación del IES Berlanga y en la reforma del Lloixa para adecuarlo a cuarto colegio y conservatorio.

El propio funcionario municipal reconoce que se trata de una operación "compleja, principalmente por sus condiciones urbanísticas, patrimoniales y financieras, que exige una importante labor de coordinación" entre Consell y Ayuntamiento y entre este y la UCA. El secretario sostiene en su informe que la ejecución de obras en centros educativos de titularidad del Consell es admisible legalmente y basa su fundamento en leyes orgánicas y decretos.

El portavoz del PP, Santiago Román, afirmó que lo que se demuestra con el informe de legalidad emitido por la secretaría, a petición de los tres grupos de la oposición, es que "desde el equipo de gobierno se están haciendo las cosas bien, en pro de los ciudadanos de Sant Joan y del progreso del municipio".

Para el edil popular, PSOE, EU y Bloc, ahora que el informe ha sido en su contra, "tienen una oportunidad única de apoyar el proyecto de la Universidad como estoy seguro haría la oposición en cualquier otro municipio".

Por su parte, el edil de EU, César Vilar, respeta el informe, pero no lo comparte porque entiende que hay competencias que asumió en su día el Consell "y su obligación es ejecutar las obras, en coordinación con el Ayuntamiento". Vilar se pone a esta operación porque considera que "vulnera los intereses generales e hipoteca el futuro" del municipio.