Los planes urbanísticos de Castellet y Montoyos, que afectan a terrenos situados entre la Universidad y los Juzgados de San Vicente del Raspeig, se paralizarán durante dos años y los afectados por estos proyectos realojados provisionalmente en viviendas de alquiler podrán permanecer en ellas al menos hasta finales de 2014. Así lo informó ayer el Ayuntamiento, que dará hoy el visto bueno en Junta de Gobierno local a la solicitud de la empresa Urbedesa de parar temporalmente ambos planes, con posibilidad de reactivarlos de forma anticipada.
La citada mercantil solicitó hace unos meses la suspensión temporal de los citados planes acogiéndose al Decreto Ley 2/2011, de 4 de noviembre de medidas urgentes de impulso a la implantación de actuaciones Territoriales Estratégicas que permite paralizar los planes urbanísticos.
El concejal de Urbanismo, Antonio Carbonell, comunicó ayer que la propuesta de acuerdo que se lleva hoy a aprobación de la Junta de Gobierno incluye aceptar la petición del urbanizador de recuperar las garantías. Según la información facilitada por su departamento, "el Ayuntamiento fijará dicha devolución en el límite que establece la legislación vigente y que se sitúa en el cinco por ciento del coste de urbanización". Asimismo, se indica que Urbedesa "mantendrá el 50% de la garantía depositada, además de los proyectos de urbanización y demás documentos elaborados hasta el momento".
La suspensión de estos proyectos afecta especialmente a las seis familias que vivían alquiladas en varias casas que fueron derribadas en 2009 para acometer los dos citados planes que, sin embargo, no se llegaron a empezar a desarrollar. Hasta ahora tenían garantizado el pago de gran parte del alquiler de las viviendas donde se les realojó, pero ahora vence el plazo y los afectados podían quedar en la calle puesto que el IVVSA tampoco ha construido el edificio donde en teoría se les iba a instalar. Finalmente, tras mantener varias reuniones con las familias, el Ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con Urbedesa para "mantener sus actuales alquileres al menos hasta finales de 2014, mientras se busca de forma individualizada un realojo definitivo, al tiempo que se preservan los intereses municipales en cuanto a las garantías legales establecidas para el desarrollo de dichos programas por parte del urbanizador".
Antonio Carbonell recordó "que el realojo de estos vecinos se produjo como consecuencia de una ocupación anticipada de suelo autorizada por los propietarios de dichos inmuebles y gestionada a través del urbanizador, quien propuso a cambio a los inquilinos que las ocupaban subvencionarles el alquiler durante un tiempo determinado". El responsable municipal de Urbanismo también incidió en que los vecinos aceptaron en su día estas condiciones.
En todo caso, Carbonell se muestra convencido de que "el PRI Castellet-Montoyos será uno de los espacios urbanos que va a experimentar un desarrollo más inmediato cuando se supere la fase de crisis económica e hipotecaria, por su situación cercana al centro urbano, al campus universitario y a las comunicaciones por carretera, autovía y tren de cercanías".
