La Conselleria de Medio Ambiente ha ampliado el plazo para que la planta de basuras de Les Canyades subsane las irregularidades detectadas en la última inspección, según informaron fuentes de la Generalitat. Como ya adelantó este medio el mes pasado, la Conselleria constató una serie de supuestas irregularidades, tras una inspección de la Dirección General de Calidad Ambiental a raíz de las denuncias sobre su funcionamiento por parte de vecinos y Ayuntamiento de El Campello.

La revisión sacó a la luz deficiencias referentes a malos olores, falta de reciclaje e impermeabilización que podrían derivar por primera vez en un expediente de infracción administrativa. Pese a que la empresa anunció que alegaría al considerar subjetivas e injustificadas parte de esas deficiencias, esta prórroga podría significar que ha decidido acatar todas las medidas solicitadas y evitar una sanción, aunque este medio ha tratado sin éxito de ponerse en contacto con la empresa para corroborar este extremo.

Precisamente fue el vicepresidente del Consell, José Císcar, quien informó a los vecinos de este nuevo plazo tras el acto que celebró el PP local la pasada semana para la toma de posesión de su nueva directiva. Según los vecinos, Císcar les manifestó que "no debíamos de estar padeciendo ninguna molestia por parte de FCC -la empresa adjudicataria- desde el principio y que la Conselleria en estos momentos está trabajando fuertemente para solucionar nuestro problema. Aseguró que FCC estaba dispuesta a asumir los altos costes de las reparaciones" impuestas por la única inspección de las cinco efectuadas por parte de la Conselleria que reconoce irregularidades en el vertedero. Debido a esa predisposición de la empresa, Medio Ambiente habría dado 30 días más a petición de la FCC para acabar con las obras.

Desde la Asociación de Afectados por el Vertedero recordaron que "la concesión de plazos no es algo excepcional sino una práctica habitual por parte de la Conselleria: por ejemplo, el exconseller de Medio Ambiente Juan Cotino ya en abril de 2010 concedió un plazo de 6 meses para realizar reparaciones. Hoy por hoy los problemas de olores son más graves, al acortarse los periodos de pocas molestias. Este nuevo plazo es inadmisible por parte de los afectados, que nos sentimos avergonzados de los valores del gobierno local y autonómico, que conocen de sobra que la planta no es de última tecnología, que está ubicada erróneamente, que no trabaja adecuadamente produciendo olores y contaminando el medio ambiente y a las personas, pero que aun así siguen ofreciéndoles como hace tres años plazos para reparar".