La línea 2 del tranvía, construida para conectar San Vicente del Raspeig con el centro de Alicante, ha registrado la sustracción de unos contrapesos, lo que ha permitido a los ladrones destensar la catenaria y llevarse un tramo de aproximadamente cien metros de longitud. El robo de unos cien metros de tendido eléctrico tuvo lugar al parecer anteanoche junto a la Serra Grossa, cerca la parada de La Goteta, pero no se creó situación de riesgo debido a que en este tramo no hay todavía tensión.
El portavoz municipal del PSOE en San Vicente del Raspeig, Rufino Selva, denunció ayer que no es la primera vez que se producen robos o daños en la infraestructura creada para la futura línea 2. Al parecer los ladrones se llevaron el tendido metálico para venderlo al peso.
Fuentes sindicales también indicaron que aunque en otras líneas se han producido este tipo de acciones y han obligado a suprimir temporalmente el paso de los convoyes, la línea 2 es la que más robos viene soportando precisamente por estar en desuso ya que resulta más complicado detectar a los ladrones.
"Lamentamos que sea bastante frecuente los robos y actos vandálicos como consecuencia de no poner el funcionamiento el servicio", manifestó Selva. Además, advirtió de que estas acciones elevan aún más el coste de cien millones de euros que ha supuesto hasta ahora la línea 2 a las arcas de la Generalitat Valenciana, que sin embargo sigue manteniéndola inutilizada.
Previsiones
Mientras, la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, señaló ayer en Orihuela al término de una conferencia organizada por el Rotary Club que el pliego de condiciones para la explotación de la línea 2 del TRAM estará listo y publicado entre febrero y marzo de este mismo año.
En todo caso, la consellera no descarta que finalmente sea pública la gestión de esta línea que en primavera cumplirá dos años acabada y sin uso. "Estamos estudiando todas las posibilidades, también la que nos hizo llegar el comité de empresa para que sea FGV, aunque siempre tendrá que ser de modo que no cueste dinero a la Generalitat".
Por otro lado, y en relación a los doscientos cincuenta millones de euros que la Administración autonómica debe a cincuenta mil compradores de Vivienda de Protección Oficial (VPO) desde el año 2008, Isabel Bonig concretó que tras reunirse con la plataforma de afectados se acordó establecer un nuevo encuentro el próximo mes de marzo con el fin de confeccionar un calendario de pagos.
La consellera de Infraestructuras sostuvo que "la VPO no prescribe y el compromiso de la Generalitat es pagar por estricto orden de antigüedad, aunque quedamos en ver si hay algún criterio legal que permita adelantar a aquellos que estén en peor situación económica. En todo caso, que estén tranquilos porque no prescribe y se va a pagar".
