El Consorcio de Residuos de la Zona XV, en el que se integran los municipios de El Campello y la Marina Alta y Baja, aprobó ayer una modificación en el canon de vertido que supondrá un incremento del 12% en el coste total de los recibos abonados por los ciudadanos. La actualización del canon, que representa cerca de un 40% de la factura por la gestión de este servicio, es la responsable de este repunte con el que se intenta evitar que las deudas "contraídas con la empresa adjudicataria sigan incrementándose", explicaron. Unas deudas que, en la actualidad, se elevan a cuatro millones de euros correspondientes a los ejercicios de 2010 y 2011.
Con esta modificación en el canon -el recibo de la basura se compone de tres partes establecidas en esta imposición y otras dos relacionadas con la recogida y el transporte de los residuos- se situará en 50,60 euros por tonelada (un 12% más) para ajustarse a los precios reales que los ayuntamientos están desembolsando por la gestión de las basuras.
Este paso pretende remendar y poner freno a situaciones como la que se registró en 2011, en la que la liquidación del ejercicio reflejó un precio final de 49,22 euros cuando el importe aprobado rondaba los 40 euros. Fuentes de la Diputación explicaron ayer que "la actualización de los precios se verá reflejada en 2013 y, por primera vez desde la apertura de la planta de El Campello se ajustará el coste del servicio a lo que finalmente se paga".
La aprobación de esta variación en el precio, que salió adelante con algunas voces discordantes y abstenciones, responde igualmente a un compromiso con la adjudicataria para afrontar de una forma más escalonada el pago de la deuda adquirida en los últimos años. Una cuantía asentada en los ya citados 4 millones de euros que tendrán que sufragar de forma conjunta los ayuntamientos, la Diputación y la Generalitat y que está ya en fase de estudio.
La reunión del Consorcio desestimó por contra la revisión de los índices del canon relativos al periodo de 2010 que propuso la empresa adjudicataria, al no ajustarse a los informes con los que trabaja la institución, como sí ocurrió en el caso de la liquidación de 2011.
La aplicación del aumento en los recibos dependerá también de la situación en la que se muevan los propios municipios, ya que en casos como el del Ayuntamiento de Ondara las políticas de ajuste y eficiencia permitirán contener las subidas y aplicar ahora reducciones en los precios establecidos.
De igual manera, la presidenta de la Diputación, Luisa Pastor, trasladó ayer a los representantes municipales la necesidad de ofrecer una información más detallada de los conceptos que componen las facturas relacionadas con la gestión de los residuos y advirtió de que se está ultimando el plan de gestión, en el que se determinarán aspectos económicos, inversiones y mejoras, entre otras, para combatir problemáticas como la de los malos olores motivo de múltiples quejas vecinales.
El orden del día recogió, además el compromiso del diputado del área, Miguel Zaragoza, de en un "plazo máximo de tres meses dar una solución al cierre del ecoparque de Gata de Gorgos".
