La polémica por los malos olores de la planta de basuras de Les Canyades se traslada a los tribunales. Una juez ha imputado al alcalde Juanjo Berenguer por un supuesto delito de omisión de socorro y otro medioambiental, por la orden cursada a la Policía Local para que no acudiera a la zona norte a verificar las quejas de los vecinos sobre sus emisiones.
El propio Berenguer confirmó a este medio que ayer recibió la notificación del juzgado por la que deberá declarar el próximo mes de diciembre por este tema, a raíz de una denuncia presentada por un vecino de la zona norte el pasado mes de agosto. En ella se advierte de una omisión del deber de socorro por parte de la Policía debido a esa orden, y por otra un intento de ocultación de un problema medioambiental. El alcalde manifestó su sorpresa por esta notificación y que únicamente sabía que tiene que presentarse a declarar.
Además de esta denuncia, hay otras cuatro en diferentes juzgados por los mismos motivos, pendientes de valorar por los magistrados, si las admiten a trámite o las archivan. Entre ellas figuran las presentadas por el sindicato policial SPPL y por la Asociación de Afectados por el Vertedero, basadas al igual que la aceptada a trámite por la juez en que se impide a la Policía realizar un servicio para el que está facultado, ya que es un tema de salud pública.
Se da la circunstancia de que el pasado mes el alcalde dio marcha atrás en esta medida y la Policía Local ha vuelto a comprobar los malos olores, aunque con unos turnos establecidos en las franjas horarias donde se tienen más constancia de la existencia de olores.
La orden de que no acudiera la Policía fue criticada a mediados de agosto por el SPPL, primero reclamando al alcalde la vuelta al protocolo inicial y después llevando el tema ante el juzgado acusándolo de prevaricación. Desde el 2 de agosto y hasta el 3 de septiembre la Policía Local tenía instrucciones de que las llamadas de los vecinos sobre quejas de malos olores no fueran comprobadas in situ por agentes, aunque se dejaba constancia de la molestia por escrito y se enviaban los partes policiales a la empresa, al Consorcio y a la Diputación.
Este protocolo lo puso en marcha el propio equipo de gobierno de Berenguer y el alcalde explicó en agosto que se cambiaba por razones de "operatividad policial", ya que los agentes no podían estar acudiendo "permanentemente" a comprobar los malos olores, ya que la existencia de los mismos estaba sobradamente demostrada, y que el cambio se realizaba a instancias de la Universidad Miguel Hernández, que estaba elaborando un estudio sobre las emisiones.
En la denuncia del SPPL, pendiente de resolver por el juzgado, se incide en que la Policía se ve empujada a no acudir "en auxilio de la salud" de los vecinos por coacción del primer edil y que constituye una acción "deliberadamente obstructora de lo que correctamente se hacía", lo cual evidencia "una clara finalidad de evitar la vigilancia policial, como paso previo a dejar la potencial actividad de riesgo producida por las emisiones del vertedero en la impunidad".
Al margen de la polémica sobre el protocolo policial, el pleno municipal aprobó el pasado mes una moción para instar a la Conselleria de Medio Ambiente a que cierre el vertedero de forma provisional, ante las advertencias recogidas por un estudio encargado por los vecinos sobre el peligro para la salud que representan las emisiones tóxicas de la planta, una medida rechazada por la Generalitat.
La UMH presenta hoy el estudio sobre los malos olores del vertedero
El Ayuntamiento de El Campello hará público hoy el informe elaborado por la Universidad Miguel Herna?ndez (UMH) sobre los olores de la planta de residuos so?lidos. Por la mañana el director del Laboratorio de Contaminación Atmosférica de la UMH, Carlos Pastor, acudirá a la comisión de Medio Ambiente para explicar el estudio a los grupos políticos, y a las 13.00 horas tendrá lugar la presentación a los medios de comunicación del informe de la Asesoría Científica, que ha investigado los últimos meses los malos olores de Les Canyades. j.a.r.
