El Sindicato Provincial de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) de la Comunidad Valenciana denunció ayer en el Juzgado de Instrucción de Alicante al alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer, por prevaricación al ordenar a los agentes que dejen de inspeccionar y comprobar las quejas vecinales de malos olores procedentes del vertedero de Les Canyades, en la zona norte. La denuncia, interpuesta por el secretario provincial del sindicato, Pedro Pablo González, incide en que la Policía Local se ve empujada a no acudir "en auxilio de la salud" de los vecinos por coacción del primer edil.
Para el sindicato, la decisión de Berenguer de prohibir a la Policía que acuda a comprobar in situ las llamadas que realizan los vecinos constituye una acción "deliberadamente obstructora de lo que correctamente se hacía", lo cual evidencia "una clara finalidad de evitar la vigilancia policial, como paso previo a dejar la potencial actividad de riesgo producida por las emisiones del vertedero en la impunidad".
La denuncia recoge que al SPPLB han llegado quejas de policías solicitando amparo ante lo que consideran un "abuso" de las funciones del alcalde, que "limita sus deberes legales y perjudica "seriamente" su imagen.
El sindicato policial dice que tiene reguladas por ley impedir cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria, así como auxiliar y proteger a los ciudadanos y actuar en el cumplimiento de sus funciones con neutralidad e imparcialidad.
Además, señala que decisión del alcalde es "caprichosa" y constitutiva de supuesta prevaricación (dictar a sabiendas una resolución injusta), ya que conoce el problema de los malos olores en la planta de basuras, tanto por los vecinos como por las numerosas actuaciones de la Policía Local, que ahora "se ve cercenada en sus funciones de protección y ayuda a los ciudadanos".
En la denuncia, el SPPLB asegura que el alcalde ha tomado una decisión "arbitraria y deliberadamente injusta", evitando que los policías hagan sus funciones. Por todo ello, el sindicato interpuso ayer la denuncia por prevaricación contra Berenguer.
Por su parte, el alcalde no quiso ayer realizar declaraciones sobre la denuncia presentada por el sindicato hasta no tenerla en su poder. La semana pasada sí que afirmó que su decisión se basaba en una cuestión de "operatividad policial", ya que los agentes no podían estar acudiendo "permanentemente" a comprobar los malos olores.
Berenguer resaltó entonces que la Policía Local está "para muchas otras cosas" y que, dado que el Ayuntamiento también se ve afectado si la planta no funciona bien, enviarán los partes correspondientes a la empresa, al plan zonal y a la Diputación. Por ello, se deja constancia de las quejas y se avisa a la planta, pero los agentes ya no acuden a la zona a verificarlas.
Diligencias
Entre las diligencias que pide el sindicato practicar al juzgado figuran una certificación del pleno de 2011 en el que se aprobó la inspección de oficio de la Policía para verificar los malos olores de la planta, además de la declaración de hasta 15 agentes entre mandos y operadores de centralita.
La semana pasada los vecinos denunciaron que con la medida adoptada el pasado 2 de agosto el alcalde buscaba ocultar las quejas por los malos olores, que según el Consistorio han bajado este año, algo que no comparten los residentes de la zona norte, que padecen esas molestias desde 2009.
