El incendio ocasionado el pasado mes de febrero sigue pasando factura a los vecinos de Torre de les Mançanes. Meses después del siniestro, ocho propietarios afectados por el fuego han recibido una carta del organismo tributario de Diputación, SUMA, que les exige el pago de los servicios prestados por el Consorcio de Bomberos.

La ordenanza publicada el 2 de febrero de 2012 -24 días antes que la fecha del incendio- en el Boletín Oficial de la Provincia establece que se aplicará esta tasa a los sujetos pasivos que se beneficien de la extinción de incendios, es decir, los afectados, que en el caso de La Torre, son ocho propietarios.

La norma estipula, además, en casos como éste en el que hay varias personas perjudicadas, "el prorrateo de la liquidación entre las mismas, en proporción a la valoración del número de personas, tiempo, vehículos y material empleados del total utilizado en el servicio, en la propiedad de cada uno de los beneficiarios".

Así, según los afectados y fuentes de Diputación, la tasa que deberían abonar oscila entre los 2.000 y 3.000 euros. Sin embargo, la mayoría de los vecinos están exentos de pagar el tributo debido a que sus ingresos anuales son inferiores a 22.000 euros. "Los vecinos han alegado y esperamos una respuesta, de todos modos lo que criticamos es que el ciudadano tenga que pagar por la extinción de un incendio forestal", señaló el representante de la Asociación Rentonar e hijo de uno de los afectados, Joan Doménech.

Doménech recuerda que el incendio se ocasionó de forma accidental y que el responsable "dio la cara" desde el primer momento, por ello ningún vecino está dispuesto a interponer una denuncia contra él. Asimismo, el representante de Rentonar subraya que la normativa también recoge que "la tasa se omitirá en aquellos casos que se presten en beneficio de la generalidad o de una parte considerable de la población", un ejemplo como el que se produjo en La Torre, sostiene.

Por todo ello, la asociación -destinada a poner en valor el patrimonio natural- se dirigirá al presidente del Consorcio y al Sindic de Greuges para conseguir que, en caso de incendio forestal, no sean los propietarios de las fincas quemadas los que tengan que pagar los costes de extinción de dichos siniestros. La agrupación reivindica además en un comunicado que "no se pongan más obstáculos a los propietarios forestales por parte de la Administración y se valore de una vez el importante beneficio ecológico y social que representa la existencia de estos espacios verdes, mantenidos exclusivamente a expensas de los propietarios rurales, sin que estos obtengan beneficios económicos de la explotación de dichos recursos forestales".

El fuego de aquel 26 de febrero forzó al desalojo de una vivienda rural y afectó a ?? hectáreas de pinar. En la operación se movilizaron cinco medios aéreos, nueve vehículos de bomberos, cuatro autobombas y cinco brigadas forestales.