En el peor momento. El Ayuntamiento de El Campello ha tenido que hacer frente hace unos días al pago de 868.723,86 euros por orden judicial por una expropiación derivada del Plan General de Ordenación Urbana de 1986. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana desestimó el pasado año el recurso contencioso administrativo presentado por el Consistorio contra la resolución del Jurado Provincial de Expropiaciones de Alicante, dictada en 2009.

Esta justipreciaba las fincas afectadas por una catalogación en el PGOU de 1986 -que dejó de estar vigente el pasado año- como zona verde en 3,7 millones de euros, correspondiendo a la empresa demandante más de 800.000 euros por el porcentaje de propiedad en el condominio de fincas expropiadas.

La mercantil dueña de los terrenos, ubicados en el área del Morro Blanc, en la zona norte, venía desde 2001 reclamando al Ayuntamiento que se ejecutara la expropiación y se le abonara el dinero, ya que habían transcurrido más de cinco años -plazo que establece la Ley- desde la reserva de este suelo sin que se hubiera materializado esa previsión de zona verde ni compensado a la mercantil, según explicó el alcalde Juanjo Berenguer.

Al haber pasado ese tiempo y no estar esa parcela asignada a ningún sector urbanístico, los dueños tenían derecho, según la sentencia y también por la concurrencia de diversos condicionantes, a reclamar la ejecución de la expropiación de la parte de la finca del demandante que el PGOU reservaba a zona verde. Precisamente la mercantil inició la petición de expropiación de la parcela en 2001, cuando arrancaron los trámites para la redacción del nuevo Plan General, que entró en vigor el pasado año y que podría haber anulado aquellos derechos adquiridos en su día. Del mismo modo la empresa rechazó recibir alguna contraprestación que no fuera dinero.

Tras el desestimación del recurso municipal el pasado año, el Ayuntamiento ha tenido que afrontar a finales de marzo el pago de esos 868.000 euros, para lo cual ha tenido que sacar el dinero de otras partidas. En concreto se han obtenido de los fondos de la "Obra convenio Guasch y Cia", 356.740,71 euros; "Obra parking Els Furs", 19.061,15 euros; "Remodelación Boulevard San Ramón", 4.138,31 euros; "Liquidación obras FEESL", 19.478,74 euros; "Aportación Guardería Municipal", 120.000 euros; "Transferencia EDAR Zona Norte, 349.304,95 euros". El primer edil señaló que se han limitado a cumplir con la sentencia judicial y estas modificaciones presupuestarias fueron aprobadas por el pleno el pasado 21 de marzo.

Del mismo modo el alcalde agregó que se ha tratado de un caso excepcional en el que concurrían una determinadas circunstancias por lo que no se podría hacer extensible a otras situaciones ni al resto de dueños de la parcela en cuestión.

Críticas de EU

Por su parte EU ha criticado las formas de la convocatoria y el "oscurantismo" con el que se trató este tema, advirtiendo además que había informes desfavorables a estas modificaciones presupuestarias. Su edil Silvestre Pérez señaló que "respetamos el cumplimiento de cualquier decisión judicial, como así lo hemos hecho constar en el acta, pero nos vemos obligados a no dar apoyo a tal modificación argumentando ser tanto desfavorable para los técnicos como desafortunada en la elección de las partidas a reducir". El acta del pleno también refleja la preocupación de PSOE y Bloc por las partidas afectadas para hacer frente al pago. Las modificaciones salieron adelante con los votos de PP y PSOE, la abstención de Decido e Iniciativa y el rechazo de Bloc y EU.