Las arcas municipales de Mutxamel sumarán a los 6,2 millones de euros de ingresos por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) otros 300.000 euros más por la aplicación de la subida de algunos tramos de este tributo decretada por el Gobierno central.

Aunque las reacciones en contra a este incremento temporal -que se suma a la actualización del Catastro que el municipio aprobó en 2009- no se han hecho esperar y es previsible que crezcan cuando se realice el cargo a los afectados, el equipo de gobierno que encabeza Sebastián Cañadas ya ha adelantado que es un decreto que hay que cumplir y una herramienta que el Gobierno ofrece a los ayuntamientos para conseguir liquidez que "grava solo a las rentas más altas".

"La liquidación del presupuesto de 2011 va a arrojar un déficit que superará el millón de euros y, o se recortan gastos o tendremos que pedir un préstamo", apuntó Cañadas para explicar que cualquier ingreso para sanear las maltrechas arcas municipales es bien recibido. En este punto, recordó que la deuda con proveedores supera los cinco millones de euros y será probablemente a reducir este montante a lo que se destinará el dinero "extra" del IBI.

A falta de la lista final de contribuyentes que verán incrementado este mismo año el pago de este impuesto en un 4% -es el aumento que fija el Gobierno para aquellos municipios que hayan realizado la revisión catastral entre 2008 y 2011-, el alcalde de Mutxamel aclara que el recargo no será ni mucho menos generalizado ya que según el citado decreto, la subida afectará solo a aquellos inmuebles que tengan un valor catastral superior a 90.000 euros y a los que no tengan carácter residencial, entre otros condicionantes, lo que reducirá el número de afectados.

En este sentido, reiteró que el gobierno local no va a variar el tipo impositivo del 0,70 por ciento que se estableció en la pasada legislatura para aplicar la nueva valoración de este tributo que no se había revisado desde 1996.

De los ocho millones que Mutxamel recauda en impuestos, unos 6.200.000 proceden del IBI, una cantidad que se vio incrementada con la revisión catastral, cuyo pago se prorrateó en 10 años.