El alcalde de Mutxamel, Sebastián Cañadas, ya ha comunicado a 7 empleados municipales que el próximo 31 de diciembre será el último día que tendrán que acudir a sus puestos de trabajo. Con estos despidos –sumados a la congelación de becas de estudios, dietas, reducción de la productividad y supresión de horas extra para los funcionarios– el Ayuntamiento mutxamelero calcula que se ahorrará unos 675.000 euros –500.000 euros en salarios–, un montante considerable aunque insuficiente para unas arcas públicas que «están a décimas» de la suspensión de pagos, según subrayó ayer el primer edil quien se mostró bastante reacio a hablar sobre esta drástica decisión –de la que informó la semana pasada a los afectados por una cuestión «ética»– alegando que aún tiene que pasar por Comisión Informativa del próximo día 12 y por el pleno extraordinario de Presupuestos que se celebrará el 16 de diciembre. Pese a los trámites pendientes, la decisión del gobierno local está tomada y no parece probable que se de marcha atrás.
Los despidos afectan a cinco trabajadores interinos: tres policías locales, un auxiliar y un técnico de administración general; y a otros dos empleados con contrato de obra y servicio: una educadora de calle y un portero de dependencias municipales. Antes, ya se había decidido amortizar cinco plazas vacantes en la Policía Local que estaban sin cubrir y reducir al máximo las partidas de todas las concejalías. Todos los puestos están incluidos en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que rige en el Ayuntamiento.
Cañadas sí quiso destacar que «se ha intentado por todos los medios evitar los despidos pero finalmente la realidad se ha impuesto y los ingresos son los que son: los gastos del Ayuntamiento ascienden a 20 millones de euros –de ellos 8,4 millones se destinan a Personal– y los ingresos previstos rondan los 14,4 millones de euros, lo que representa un desfase de alrededor de seis millones de euros.
Cañadas recordó que el equipo de gobierno está echando mano de cualquier posibilidad para incrementar los ingresos. En este sentido, recordó que se han puesto a la venta algunas parcelas de titularidad municipal que no tienen la consideración de patrimonio para conseguir liquidez que se destinaría al capítulo de gastos, una operación que, por el momento, no ha dado ningún resultado ya que se han celebrado dos subastas públicas que han quedado desiertas por falta de compradores. El Ayuntamiento ha calculado que si se venden los citados terrenos podría ingresar unos 300.000 euros más.
En esta crítica situación, lo que Cañadas si ha echado de menos, según subrayó ayer, es que «aunque se les pidió colaboración, ni la oposición ni los representantes de los trabajadores han planteado alternativas en la mesa de negociación ni en la Junta de Personal para reducir el gasto de personal sin llegar a los despidos».
Enfrente, la oposición opina bien distinto y critica que lo único que les ha «permitido» el equipo de gobierno del PP es votar a favor, en contra o abstenerse en la propuesta de recortes de la que tuvieron conocimiento el mismo día 2 de diciembre, cuando se llevó a la mesa de negociación, aseguró ayer el portavoz del grupo municipal socialista, Antonio García Teruel.
«El 17 de noviembre nos dieron un documento en el que no se suprimían plazas y el mismo día 2 de diciembre nos dan otro en el que se despide a 7 personas, cuando ya se les había comunicado a los afectados», aseguró ayer García Teruel que tachó la sucesión de los hechos de «tomadura de pelo» y se preguntó «qué alternativas íbamos a sugerir si la única opción que nos dieron era votar en contra, a favor o abstenernos. Ese es el margen de negociación que nos han dado».
Además, cuestionó los criterios utilizados para decidir quiénes van a ser despedidos y el hecho de que una de las plazas que se amortiza es la de facultativo de biblioteca, indispensable para que la biblioteca de Mutxamel siga en la Xarxa de la Comunidad Valenciana y tenga opción a las subvenciones previstas en la ley, «razón por la que se invirtieron 10.000 euros en la anterior legislatura para adecuar las instalaciones», dijo García Teruel.
