Había convocado solo a los vecinos de San Vicente del Raspeig y, sin embargo, el concejal de Urbanismo de esta localidad, Antonio Carbonell, tuvo anteanoche que informar y tranquilizar a los afectados por el tren de la Costa de otros municipios como Alicante, El Campello o La Vila Joiosa al no haberlo hecho sus ayuntamientos ni la Conselleria de Infraestructuras.

A falta de solo unos días para que concluya el plazo para presentar alegaciones, medio centenar de vecinos afectados por la reserva de suelo para el trazado ferroviario asistieron a la sesión informativa. Se trata de propietarios de viviendas situadas en la franja que se ha delimitado para construir el tramo Benidorm-Alicante de la futura infraestructura del tren hacia Valencia. Son terrenos situados entre 100 y 200 metros al norte de la autopista AP-7.

El edil de San Vicente les explicó que "el Ayuntamiento no puede oponerse a la ejecución de la conexión ferroviaria de la costa porque se trata de un proyecto de interés general". Lo que sí puede y va a hacer, indicó el regidor, es "solicitar que no se materialice la reserva de suelo" cuando acabe el periodo de información pública, sino que la Generalitat espere a disponer de "los estudios informativos para conocer la posible afección del trazado".

Carbonell señaló que la Conselleria de Infraestructuras ha realizado la reserva de suelo para poder firmar el protocolo de intenciones con el Ministerio de Fomento. Sin embargo, agregó que al estar en fase inicial, "todavía se desconoce el posible trazado, si éste es viable económicamente y, por su puesto, la afección del mismo", por lo que animó a los afectados a presentar alegaciones.

Tras la reunión, José Llopis, uno de los asistentes, reclamó la anulación de la reserva de suelo pues sospecha que "se ha realizado por motivos políticos, para captar votos en Benidorm o Dénia" y reclamó que se anule la delimitación "hasta que se haga un proyecto, ya que no hay ni estudio de impacto ambiental, ni geotécnico". También solicitó que, cuando se decida el trazado definitivo, se opte por "el que perjudique lo menos posible".

Por su parte, la portavoz de EU, Mariló Jordá, criticó que el Ayuntamiento de San Vicente solicite que no se materialice la reserva de suelo mediante comparecencia en vez de presentar alegación. Además, apuntó que lafirma del protocolo de la consellera, Isabel Boning, y el ministro de Fomento, José Blanco, "constituye un acto más de propaganda electoral, un engaño a los votantes" para aparentar que se va a construir cuando "la misma Conselleria ha declarado que no licitará ningún nuevo proyecto antes de 2015".