El Ayuntamiento de Sant Joan ha sido condenado por el Juzgado de lo Social número 7 de Alicante a pagar 14.434,77 euros a una extrabajadora por despido improcedente. Se trata de una mujer que estaba empleada por una subvención de la Generalitat para ayuda a servicios de dependencia, y que la sentencia considera que se ha producido un "fraude de ley" dado que había sido contratada por obra o servicio para una actividad habitual y ordinaria, ya que los trabajos para los que se la contrató continúan efectuándose.
Mientras que desde el PP acusaron ayer al equipo de gobierno de "despilfarrar" por esta condena, el alcalde Edmundo Seva defendió la actuación municipal, ya que todo ha sido "para no perder la subvención de la Generalitat".
El edil del PP Santi Román explicó que "es lamentable que con la situación en la que estamos el Ayuntamiento despilfarre más de 14.000 euros por no realizar una gestión eficiente y efectuar un despido improcedente que el juez califica de fraude de ley, y que se podría haber solucionado con una readmisión y no pagando".
Por su parte el alcalde explicó que el motivo de esto es que la Generalitat, para permitir acceder a esta ayuda, obliga a contratar todos los años a la misma persona, con lo cual si hubiera seguido habría sido considerada fija, y "yo no voy a permitir que alguien se quede con un puesto de trabajo sin haber pasado por unos procesos de igualdad, publicidad, capacidad y meritos. Conmigo nadie entra por la puerta de atrás y hubiéramos podido evitar la indemnización si no hubiéramos contratado a otra persona, pero entonces habríamos perdido la subvención. Además, ahora la Generalitat se ha dado cuenta del error que cometió y ya ha quitado la obligación de contratar siempre a la misma persona", destacó Seva.
