El pleno del Ayuntamiento de El Campello someterá hoy a aprobación la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que supondrá un aumento del 8,31% en el coste del personal municipal para este año. La medida se someterá hoy a votación a pesar de que los informes de la interventora y del oficial mayor plantean serios reparos sobre las consecuencias de esta medida, pues advierten de que puede contravenir la normativa estatal por la que se rebajan los sueldos de los funcionarios un cinco por ciento.

El documento elaborado por el departamento de Intervención señala que la nueva RPT -la organización y condiciones de los puestos de trabajo en el Ayuntamiento- supondrá un incremento del coste de la plantilla municipal en el presupuesto de 2010 de 778.346 euros, es decir, el 8,31%.

La funcionaria plantea algunas advertencias como "la existencia de puestos de trabajo sin la correspondiente dotación presupuestaria". Además, manifiesta que hay puestos que ahora existen, pero se reconvierten de forma que habrá funcionarios que tengan consolidados en su nómina algunos complementos y su sueldo sea superior al que figure en la nueva RPT.

La interventora apunta que "el incremento" que se plantea "es superior" al 0,3% que plantea la Ley de Presupuestos Generales del Estado para este año. Además, incumple el mandato de reducir el 5% las retribuciones del personal.

Por todo ello, señala el citado documento, "sería conveniente que se estudiase jurídicamente tanto el método propuesto de valoración y definición de los puestos, como la objetividad de los factores aplicados, de tal manera que se demostrase que los incrementos retributivos resultantes de la nueva definición de los puestos de trabajo son congruentes con sus características y condiciones".

Otra de las cuestiones que plantea la interventora es el incumplimiento del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, en cuanto al importe total del complemento específico de los funcionarios de la Corporación, pues supera el máximo autorizado.

Necesidad de organización

Por su parte, el oficial mayor recuerda que la Subdelegación del Gobierno controla este tipo de acuerdos, sobre todo a raíz del Real Decreto del pasado mes de mayo. Esta normativa, indica "podría estar impidiendo de facto la posibilidad de aprobar una RPT, pues en ese caso se estaría incumpliendo el mandato legal de reducir las retribuciones respecto a las vigentes a 31 de mayo de 2010". Sin embargo, también indica que "dada la actual y deficiente organización municipal es necesario aprobar una RPT que solucione los evidentes problemas que se están produciendo" aunque agrega que es el pleno "el que debe valorar y decidir la oportunidad de aprobar esta RPT en el momento actual".

Pero el oficial mayor recuerda a la Corporación "la experiencia de este Ayuntamiento con los acuerdos aprobatorios de la RPT del año 2000, que fue anulada por superar los límites de los incrementos retributivos globales del personal al servicio del sector público previstos en la Ley de Presupuestos del Estado".