La plataforma de afectados por la paralización del bloque de viviendas del IVVSA, de la calle Doctor Marañón se reunía esta semana con responsables del Instituto Valenciano, por primera vez, según manifestaron ayer los afectados, "con intención de escuchar y solucionar nuestros problemas". El encuentro ha sido valorado por los afectados como "positivo", sobre todo, incidieron, porque al contrario de lo que ha estado sucediendo desde que en septiembre del pasado año se produjese una paralización total de las obras, sin explicación alguna y con el agravante de que para entonces ya se había excedido en meses la fecha de entrega de las viviendas, en esta ocasión los responsables del IVVSA "se sentaban a negociar y hablar de soluciones reales al problema que arrastran 32 familias en San Vicente".
Según declararon ayer a INFORMACIÓN, los responsables del organismo dependiente de la Generalitat, se comprometían en firme a "respetar el 7% de IVA, de forma que un retraso que no ha sido responsabilidad nuestra, suponga, además, una subida en el IVA, que por otro lado, ya hemos pagado por adelantado". También se comprometieron, añadieron los afectados, "a adelantar la ayuda estatal de 8.000 euros", que recibe este tipo de viviendas, ya que el Gobierno central la entregaría después de un año de habitar la vivienda". Y aunque si bien la plataforma valora muy positivamente -"aunque sin bajar la guardia"- al IVVSA, no ocurre lo mismo, sino más bien todo lo contrario, con la primera edil de San Vicente, a la que, aseguraron, "hemos intentado hacer partícipe de la situación sin obtener respuesta alguna".
"Desatendidos por la alcaldesa"
El 24 de abril de este mismo año, la plataforma pide ser recibida por la alcaldesa, a través de una carta, para exponer su situación, sin que "hayamos recibido respuesta hasta el momento", dijeron. Además, en la misma semana en la que ésta última acompañaba al gerente del IVVSA, Javier Sogorb, a la entrega de llaves de 15 viviendas de protección pública por el Instituto, en la calle la Huerta, y aprovechando que en declaraciones a los medios de comunicación, la primera edil aseguraba mantener una "estrecha colaboración" entre las administraciones local y autonómica, el edil de Esquerra Unida, José Juan Beviá, le entregaba una carta al gerente exigiéndole "un nuevo calendario de programación de inicio de las obras y una fecha de entrega de la viviendas". La alcaldesa calificaba el hecho de "utilización política por parte del concejal de EU", lo que sentó especialmente mal a los vecinos, dado que según declararon ayer, "ha sido el único miembro de la corporación local que nos ha ayudado, sobre todo en temas legales". Incluso llevando una pregunta a las Cortes Valencianas, exigiendo explicaciones y responsabilidades".
No en vano, los afectados piensan que gracias "a este concejal, a la presión ejercida desde la plataforma y a las denuncias en este diario, el Instituto ha cambiado de actitud".
