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El Ayuntamiento de El Campello ha respaldado hoy el trabajo realizado por la psicóloga y la trabajadora social municipal, a raíz de la denuncia que los padres de una menor interpusieron por presuntos delitos de abusos sexuales a esta última contra monitores del colegio Rafael Altamira.

La Audiencia Provincial de Alicante ratificó el pasado mes de febrero una sentencia del Juzgado de Instrucción número 4 de esta ciudad, por la que declaraba inocentes a los monitores.

Tras la decisión judicial, el Consejo Escolar del citado colegio, ubicado en El Campello, instó al Ayuntamiento, así como a otras administraciones, a "dilucidar responsabilidades y reparar débitos", ya que, a raíz de la denuncia, "se difamó y calumnió al profesorado y al resto de trabajadores, arruinando así 35 años de ejemplarizante trabajo, difícil de restaurar".

A través de una nota de prensa, el profesorado y la dirección del colegio lamentaron la actuación de la psicóloga municipal, quien, "sin previo reconocimiento de la menor, ni contactar con los responsables del colegio, ni comunicarse con el Gabinete Psicopedagógico, emitió un informe inculpatorio".

Ante estas manifestaciones, el equipo de Gobierno local ha contestado hoy que "no se puede poner en duda la competencia de dichas profesionales".

En este sentido, el consistorio subraya que dos informes del Colegio de Psicólogos de la Comunidad Valenciana y uno del Centro ESPILL, dedicado a la formación de postgrado y especializado en el tratamiento de problemas psicológicos y sexuales, avalan que la labor que realizó la psicóloga municipal ha sido "totalmente correcta al haber aplicado los protocolos de actuación".

En concreto, la atención primaria realizada por el Equipo Base de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, recogida en el Informe de Derivación inicial, fue realizado "correctamente según sus protocolos, donde se tomaron nota de las sospechas y se remitió a la atención especializada perteneciente a la Consellería de Bienestar Social para proceder a realizar el Informe de Valoración".

La dirección del colegio expuso que la psicóloga municipal actuó "negligentemente" al considerar la existencia de indicios para sospechar abusos sexuales "teniendo únicamente en cuenta el testimonio de una madre que lleva los dibujos de su niña sin llevar a cabo ninguna otra actuación ni averiguación".

Sin embargo, fuentes municipales han subrayado que la psicóloga en esta primera fase de derivación "no debe entrevistar a los menores, ni a otras personas involucradas en el caso".

"Lo que se pretendió en todo momento fue velar por la protección de los derechos de los menores, ya que realmente es el principal bien jurídico protegido de nuestro ordenamiento jurídico, al exigir que sean los poderes públicos los que garanticen el respeto de los derechos de los menores", han añadido las citadas fuentes.

"No entendemos la indignación ni de la directora, ni de algunos profesores, ni de determinados padres ante la actuación totalmente correcta que ha sido realizada por la psicóloga del Ayuntamiento al aplicar los protocolos para la protección de los derechos de los menores", han expuesto fuentes municipales