Los tribunales han dado la razón a la Diputación de Alicante y han considerado que los cambios en la relación de los puestos de trabajo en el área de Intervención de la institución provincial están avalados con documentación. Así lo ratifica el juez del juzgado de lo Contencioso número 2 de Alicante en la sentencia emitida y notificada el pasado viernes a las partes y que viene a rechazar la argumentación dada por el exjefe del área de Contabilidad y Control Financiero de la Diputación, quien denunció en los juzgados presiones y abuso de poder por parte del diputado de Hacienda y vicepresidente de la institución provincial, Alejandro Morant, así como el vaciado de sus competencias y responsabilidades al frente del control financiero.
El fallo atiende, especialmente, a los cientos de documentos presentados por el área de Hacienda y Recursos Humanos de la Diputación Provincial de Alicante con los que esta institución intentó acreditar que el demandante era en la práctica el responsable del área de control financiero, sino que ésta era responsabilidad de la actual titular del servicio, una funcionaria nombrada a principios de año para cubrir el puesto y que no ha pasado ningún concurso de méritos, según alega el funciario demandante. En su recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de pleno que aprobó la nueva relación de puestos de trabajo en el área de Intervención -y que costará 150.000 euros más al crearse tres nuevos puestos-, el trabajador denunciaba que el área que dirige Morant intentaba «escapar al control financiero» de la Diputación poniendo a una persona de más flexibilidad al frente del control financiero de la Diputación.
El fallo, que el funcionario va a recurrir según aseguró ayer a este diario, empieza diciendo que en ningún caso queda justificado ni probado el abuso de poder por parte del diputado, y que tampoco ha sido probado, ya que se trata solo de «expresiones y manifestaciones de trazo grande» que no van avaladas por prueba alguna.
Asimismo, la sentencia incide en que el funcionario no puede pretender imponer su criterio personal frente al de la Administración, y subraya que no queda acreditado que el trabajador demandante haya sido exactamente el jefe de control financiero, una responsabilidad que ocupa desde marzo otra persona, pese a la declaración de una de las testigos que aseguró que el funcionario es jefe de Contabilidad y Servicio Financiero desde hacía años y que eso se sabía en toda la Diputación.
El funcionario, que ha llegado a remitir una carta al presidente del Gobierno Mariano Rajoy pidiendo amparo por el «ataque a su dignidad profesional», lleva 16 años nombrado jefe de Contabilidad y Control Financiero de la Diputación, según explicó en su demanda.
La relación de puestos de trabajo en el área de Intervención ha generado una guerra entre el trabajador y el diputado Morant.
