Instituciones Penitenciarias ha puesto en funcionamiento esta semana en la cárcel de Fontcalent cuatro inhibidores de frecuencia para evitar que los reclusos puedan hablar con el exterior mediante teléfonos móviles pese a estar prohibido por el reglamento por razones de seguridad. Con la introducción ilegal de móviles en la prisión se había creado desde hace aproximadamente seis años un "mercado negro" en el que algunos presos pagaban 600 euros, 800 e incluso mil por cada uno de estos aparatos, que utilizaban para seguir delinquiendo y, en el caso de maltratadores, para continuar amenazando a sus víctimas, como denunció la Audiencia Provincial de Alicante al tiempo que exigía más controles.

El Instituto Valenciano de Vivienda (IVVSA); gestionará directamente tres nuevas promociones de 55 viviendas protegidas (VPP); en régimen de arrendamiento en la ciudad de Alicante y Formentera del Segura.

La Conselleria de Infraestructuras y Transporte comenzará durante la madrugada del domingo al lunes las obras de conexión entre los tramos 2 y 3 de la Línea 2 del TRAM de Alicante, que se unen en la Avenida de Novelda, a la altura del cruce de ésta con el puente de la autovía A-7.

La Fiscalía del Estado ha alertado a la Fiscalía Provincial de que la "lamentable carencia de medios" en Menores hace imposible la labor de mediación y origina "la prescripción de hechos constitutivos de falta por retraso en los informes".

La empresa constructora Omega Urbacivil ha presentado un expediente de regulación de empleo que afecta a los 160 trabajadores de la plantilla. La mercantil de Elche está negociando con bancos y proveedores para buscar salidas a su falta de liquidez.

La insolvencia de los dos directivos condenados por la crisis de la Caja de Crédito de Alcoy impedirá que puedan pagar los 2,8 millones de euros en concepto de indemnizaciones fijados en la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante. Un informe interno, elaborado poco tiempo antes de la celebración del juicio, revela que el director y la subdirectora general de la entidad carecían de recursos suficientes para hacer frente a estos pagos. Por otra parte, las dos defensas han anunciado su decisión de recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo. Uno de los letrados formulará también una demanda civil contra los síndicos de la quiebra, al entender que se han producido irregularidades durante el procedimiento.

La Conselleria de Justicia le ha abierto un expediente a la Asociación de San Jorge tras una denuncia de discriminación de la mujer, presentada por Fonèvol. Este colectivo pide que se retire la declaración de utilidad pública de la entidad festera.

El presidente de la Cámara de Comercio de Orihuela, Juan Cerdán, manifestó ayer que la comarca sufrirá la crisis económica en mayor medida que otras zonas y abogó por volver los ojos a la agricultura y la industria para paliar sus efectos.