El presidente de la Audiencia de Alicante, Vicente Magro, abogó ayer por la persecución penal de los usuarios de las falsificaciones en lugar de actuar sólo contra el vendedor ambulante. «Si el top manta no tuviera ingresos, no existiría», señaló y recordó que países como Italia ya persiguen al usuario de productos falsos o copiados a sabiendas de su falsedad. Magro es uno de los expertos que ayer intervino en los cursos de verano de la Universidad de Alicante, en el tercero organizado este año por la Policía Nacional y que está dedicado a analizar los nuevos retos para perseguir la falsificación y la piratería. El jefe superior de la Policía en la Comunidad Valenciana, José Javier Cuasante fue el encargado de inaugurar el curso al que asisten un centenar de participantes, en su mayoría policías.
En su conferencia Vicente Magro optó por implementar la cultura del respeto al producto original y realizar campañas informativas para erradicar el consumo de productos falsificados. «Habría que comenzar por la vía de la divulgación y prevención. Una vez realizada esta política educativa y de concienciación, si ésta no es eficaz para algunas personas aplicar la legislación penal que ya castiga el consumo de estos productos cuando se es consciente de su falsedad», dijo. El presidente de la Audiencia resaltó el daño que se hace tanto a las empresas como al comercio con la piratería, el fraude y la copia falsa, ya que el comprador de estos productos encuentra en ese mercado un producto similar con un precio un 90% más económico que el original.
El director adjunto del Observatorio Europeo de la Vulneración de los Derechos de Propiedad Intelectual de la UEIPO (Oficina de Propiedad Intelectual de la Comunidad Europea, Andrea di Carlo, aseguró que el comercio por falsificación mueve un total de 500.000 millones de dólares, según un estudio de la UEIPO y la OCDE. «Las importaciones por falsificación alcanzan el 5 por ciento, lo que se traduce en 85.000 millones de dólares», aseguró. La comparativa con los datos de 2008 apunta a que este tipo de delitos ha crecido un 1,9%. Di Carlo aseguró que la piratería supone una pérdida en ventas de sesenta millones de euros y la pérdida de más de 700.000 empleos, además de la no recaudación de impuestos. El objetivo de la UEIPO es luchar contra la falsificación y la piratería, cuantificando su impacto y su alcance.
Junto a Cuasante y Di Carlo, han participado en la inauguración el decano de la Facultad de Derecho, Pedro Femenía; el comisario principal de Alicante, Alfonso Cid; y los codirectores del curso Cristina Fernández Pacheco y Julián Serna. Cuasante destacó la importancia de los temas que se abordarán en el curso, entre los que se encuentra la persecución de este tipo de delitos «de características complejas», las novedades legislativas, la protección de las marcas en Europa y los nuevos retos en la lucha contra la piratería.
